Cinco juristas de gran prestigio profesional han sido designadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, e incorporadas a Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación que va a estudiar la modificación técnica de los delitos de agresión y de abuso sexual, contemplados en el Código Penal, tras la polémica del «caso manada».
Tres de las cinco juristas son catedráticas de derecho Penal: Avelina Alonso de Escamilla, de la Universidad San Pablo CEU; Mirentxu Corcoy Bidasolo, de la Universidad de Barcelona; y Carmen Lamarca Pérez, de la Universidad Carlos III, de Getafe, Madrid.
La cuarta es Blanca Hernández Oliver, letrada de las Cortes Generales y exdelegada del Gobierno para la violencia de género.
Y la quinta Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), quien es vocal nata de la Comisión General de Codificación y que ha sido incluida en este grupo por decisión expresa de Catalá.
Las cinco juristas han sido adscritas a esta tarea de la mencionada Sección y tendrán voz y voto en los trabajos que está previsto que comiencen el el 10 de mayo próximo.
El 15 de junio es la fecha final fijada para presentar la propuesta al ministro de Justicia.
La Sección de Derecho Penal está presidida por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares, Esteban Mestre Delgado, y compuesta por veinte vocales: Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, José Luis González Cussac, Francisco Hernández Gil, Gustavo Lescure Martín, Borja Mapelli Caffarena, Javier Moscoso del Prado, Ricardo Pellón Rivero, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Gonzalo Quintero Olivares, Gonzalo Rodríguez Mourullo y Jesús María Silva Sánchez.
Dicha Sección recibió, recientemente, el encargo de estudiar «los delitos de agresión y abuso sexual y determinar su corrección técnica y utilidad práctica para en su caso, acompañarlo de una propuesta legislativa de reforma del Código Penal en la que se concreten las modificaciones necesarias”.
“Se prevé que durante la ejecución de la labor encomendada, la Sección pueda acordar la audiencia de representantes de asociaciones de mujeres juristas debido a su especial vinculación y competencia en la materia estudiada. Así, se persigue tener un mejor conocimiento de la realidad objeto del encargo”, decía una nota del Ministerio hecha pública hace unos días.
La Comisión General de Codificación está definida en sus Estatutos, aprobados por el Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre, como “el órgano superior colegiado de asesoramiento al Ministro de Justicia al que corresponde, en el ámbito de las competencias propias del departamento ministerial al que está adscrito, la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico”.
