El Consejo General del Poder Judicial considera probada una campaña mediática contra la magistrada Marta Emilia Sánchez. Confilegal.
Por unanimidad, el CGPJ otorga el amparo a la titular del Juzgado de Familia 28 de Madrid frente al hostigamiento de una asociación
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23/5/2018 14:26
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Actualizado: 02/8/2018 13:25
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Por unanimidad, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy otorgar el amparo solicitado por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid -especializado en Familia- Marta Emilia Sánchez Alonso, frente a las actuaciones de Manuel Romeral y Eugenio Martín Closas, presidente y tesorero de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción.
Martín Closas es parte, además,en varios procedimientos que se tramitan en el Juzgado de la magistrada.
Los ocho miembros de la Permanente, el máximo órgano entre Plenos del CGPJ, compuesta por el presidente, Carlos Lesmes, y los vocales magistrados Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo y los juristas José Macías, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez, consideran que «existe una auténtica campaña de hostigamiento contra la magistrada» con el objetivo de influir en el contenido de las resoluciones que debe dictar en los procedimientos en materia de familia en los que es parte el tesorero de la asociación.
Y afirma que algunos de los comportamientos desarrollados por los miembros de ésta «rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable».
EL OBJETIVO DE LA ASOCIACIÓN ES DESACREDITAR A LA MAGISTRADA
Entre los hechos que se consideran acreditados, la Permanente señala el reparto en la puerta del edificio donde tiene su sede el Juzgado de octavillas en las que se decía que la magistrada había falsificado más de 750 informes psicosociales y era una presunta prevaricadora.
Además, «se encuentra acreditado que la asociación ha desplegado una intensa campaña mediática –en varios diarios digitales- con el objeto de desacreditar a la magistrada y de influir en sus resoluciones judiciales».
«Tanto es así que se solicita por la asociación la inhabilitación y expulsión de la carrera judicial de la magistrada, llegándola a acusar de hechos delictivos al afirmar que ha procedido a alterar, junto con otras personas, informes psicosociales de manera sistemática y continuada durante diez años para decidir custodias de niños», dice la Permanente.
LOS FUNCIONARIOS APOYAN A LA MAGISTRADA Y SU TRABAJO
En el expediente consta también un escrito remitido por los funcionarios del Juzgado en el que muestran su apoyo a la magistrada y a su trabajo, manifiestan su rechazo a las «graves, falsas y calumniosas acusaciones» vertidas contra ella y afirman ser testigos «del acoso al que periódicamente se ve sometida».
«Comportamientos como los descritos rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable, ya que constituyen un modo de proceder que contribuye a generar, en la opinión pública y ciudadana, una sensación de desasosiego o descrédito respecto de las decisiones judiciales que ningún beneficio producen a la sociedad en su conjunto y que solo contribuyen a socavar el prestigio y reconocimiento de la labor de los órganos judiciales», afirma la Permanente.
Por todo ello, la Comisión Permanente acuerda otorgar el amparo solicitado por la titular del Juzgado frente a las actuaciones desarrolladas por el tesorero y otros miembros de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, «instando de los mismos el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional de la magistrada».
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