La edición 2018 del Marcador de la Justicia que elabora la Comisión Europea coloca a España en la media de los Estados miembros de la Union Europea en el conjunto de indicadores sobre eficiencia, calidad e independencia, mejorando así la nota con respecto a años anteriores.
Respecto a la independencia estructural, España se sitúa plenamente dentro de los estándares europeos en lo referido a la existencia de instrumentos de salvaguarda de la misma. Además, y a diferencia de otros Estados como Bélgica u Holanda, se pone de manifiesto que en nuestro país no existe discrecionalidad del poder ejecutivo o parlamentario en el nombramiento de jueces.
En materia de eficiencia judicial, el informe es muy positivo para España en cuanto a la tasa de resolución de asuntos civiles, mercantiles y administrativos y la sitúa en términos generales en quinta posición por delante de sus principales socios europeos.
Así, con un porcentaje del 104,6%, los juzgados españoles resuelven un 4,6% más de lo que ingresan.
Respecto a 2017, se reduce el tiempo de respuesta de los asuntos judiciales en 1ª instancia, que en el caso de España es de 227 días, mejorando los ratios de Francia, Italia y Alemania.
En materia de gasto realizado por las administraciones públicas en el conjunto del sistema judicial, España aparece por encima de los 75 euros por habitante, a la par de Dinamarca y Finlandia que registran valores semejantes.
Nuestro país también está por delante de Francia e Italia en el indicador relativo al número de jueces por cada cien mil habitantes, si bien la comparativa que realiza el estudio no es homologable puesto que no incluye a los letrados de la Administración de Justicia, cuyas competencias las realizan jueces en otros países, ni a los jueces no profesionales
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Además, por segundo año consecutivo España aparece junto con Francia como únicos países en los que el consumidor no ha de abonar una tasa para iniciar un procedimiento judicial. También en el capítulo de accesibilidad, España obtiene buena nota en implementación y disponibilidad de medios electrónicos al servicio de la Justicia y se sitúa en la octava posición por delante de países como Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica o Italia.
