La formación política VOX, que ejerce como acusación popular en la causa del referéndum del 1 de octubre, ha tenido conocimiento de que se utilizó un censo universal de votantes burlando los requisitos marcados por la normativa de Protección de Datos.
Es la conclusión que se recoge en un informe policial remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, firmado por el comisario de la Brigada Provincial de Información de Barcelona.
Tras estudiar los hechos, VOX ha presentado esta mañana ante la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia contra la Generalitat de Cataluña por haber cometido posibles infracciones graves y muy graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Las infracciones
La denuncia se refiere de forma específica a los artículos 44.3.b, 44.3.d, 44.4.b y el artículo 46.
En concreto, se pone en cuestión el tratamiento de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando hubiera resultado necesario, al tiempo que se considera que pudo haber una vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de esos datos.
El escrito también pone en duda que se procediera correctamente en el tratamiento o cesión de datos que son especialmente protegidos. Y recuerda que se trata de ficheros de titularidad pública.
Tal y como ha explicado Ricardo Chamorro, letrado de VOX, “nuestra formación se siente en la obligación de denunciar estos hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos en defensa de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos catalanes. Tal y como ha quedado constatado, la Generalidad maneja los millones de datos de los ciudadanos catalanes que podrían haber sido tratados de manera arbitraria, según el informe de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, hacia un interés claramente rupturista con el marco constitucional, creando un censo ilegal y recabando datos a través de cesiones ilegales”.
VOX ya puso en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos tanto en su escrito de denuncia de 2014 contra el referéndum del 9 N, como en su escrito de denuncia de 2017 contra Santiago Vidal, la posible cesión ilegal de datos por parte de la Generalitat y de Ayuntamientos, y la confección de un censo ilegal.
