La Sección Territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación de jueces a la que pertenece el magistrado instructor del caso «procés», Pablo Llarena, ha hecho público un comunicado en el que condena el escrache llevado a cabo sobre éste juez y su esposa la noche del pasado sábado, cuando dejaban un restaurante de Palafrugell, Girona.
«Queremos condenar enérgicamente la intolerable persecución de la que está siendo objeto el juez Llarena y su familia, y reclamamos a los responsables políticos que arbitren los medios necesarios para rebajar la situación de tensión social que se vive en Cataluña, para evitar la reiteración de tan desagradables sucesos«, dice la APM.
La asociación de jueces dice vivir «con profunda preocupación la escalada de tensión motivada por la irresponsabilidad de algunos responsables políticos que se han esforzado en convertir al juez Llarena en particular y al poder judicial en general, en enemigos de una causa que quieren imponer fuera de las vías legales».
Ante esa situación advierten que «los jueces actúan y actuarán siempre ante cualquier desbordamiento del ordenamiento jurídico«.
La APM de Cataluña recuerda que no es la primera vez que Llarena o su familia viven una situación de acoso.
«Con anterioridad fueron señaladas algunas de sus propiedades en esta Comunidad, lo que ha motivado que tengan que estar protegidos por escoltas, situación que no debería tener cabida en un país democrático como España, por el mero hecho del desempeño de su trabajo con pleno sometimiento a la legalidad constitucional y estatutaria», dice el comunicado.
Para la APM la «discrepancia ideológica no puede ni debe abarcar ningún acto violento dirigido a amedrentar a un juez y a su familia, o a privarle de su derecho de moverse libremente por Cataluña, comunidad donde su familia reside desde hace años».
«Toda forma de violencia exige una rotunda condena, ya que la libertad de expresión no es extensiva a ninguna manifestación de naturaleza coercitiva que tenga como única finalidad la presión a un juez cuyas resoluciones podrán combatirse con los oportunos medios que ofrece el ordenamiento jurídico, pero nunca con escraches de naturaleza puramente intimatoria», concluyen.
