El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Dolores Delgado, aprobó ayer el Real Decreto que completa la nueva organización interna del Ministerio de Justicia que, entre las principales novedades, incorpora una nueva competencia en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
«Uno de los pilares en los que se sustenta el programa del departamento», señala Justicia, será la remodelada Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, que encabeza Ana Gallego Torres, que a sus anteriores atribuciones incorpora la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito interno exclusivo y propio del Ministerio.
Este impulso a los derechos humanos «también impregnará la participación del ministerio en aquellos proyectos de cooperación al desarrollo» que afectan al ámbito de la Justicia y en los que interviene en colaboración con otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, siempre dentro de las líneas marcadas por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.
Asimismo, para asegurar la eficacia en la promoción de los derechos humanos se propondrán medidas que tengan en cuenta los dictámenes de los órganos internacionales competentes, explica el Ministerio.
Modernización de la Justicia
Otro de los objetivos fundamentales de la reestructuración aprobada por el Consejo de Ministros es «avanzar en la modernización y desarrollo tecnológico de la Justicia» para lo que se buscará el consenso previo con las organizaciones profesionales de jueces, fiscales y restantes operadores jurídicos.
Para ponerlo en práctica se han redistribuido y reordenado las funciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, unidades, ambas, dependientes de la Secretaría General de la Administración de Justicia que dirige Antonio Viejo Llorente.
De la Dirección General de Modernización dependerán 3 Subdirecciones: Programación de la Modernización, Nuevas Tecnologías de la Justicia y la de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial.
Las funciones de la extinta Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) se desarrollarán por la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes y la Subdirección General de Conservación, Administración y Realización de Bienes.
Memoria Histórica: tres ejes de actuación
Las competencias de esta nueva Dirección General dependiente de la Subsecretaría de Justicia se estructuran en torno a tres ejes: un plan de actuación y actividades de localización y exhumación; competencias que recuperan actividades desarrolladas por la anterior oficina de atención a víctimas y, en tercer lugar, tareas de coordinación administrativa y relación con el tejido asociativo.
La nueva Dirección General integrará la Subdirección General de ayuda a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura y la División de coordinación administrativa y relaciones institucionales.
En relación con la Dirección general de los Registros y el Notariado, el Real Decreto aprobado determina las competencias referidas al impulso de la modernización tecnológica del Registro Civil.
Por último, se introducen dos nuevas competencias de la Subdirección General de Política Legislativa, dependiente de la Secretaría General Técnica. La primera de ellas, relativa a la participación en las iniciativas normativas de transposición de Directivas comunitarias de otros ministerios y su seguimiento en coordinación con la Secretaría de Estado de Justicia; y la segunda, la coordinación, solicitud y remisión de informes de la Red de Cooperación Legislativa de Ministerios de Justicia de la UE.
