En las cinco Comunidades Autónomas del denominado «territorio Ministerio», donde no se han transferido las competencias de justicia, los baremos del turno de oficio llevan algo más de 20 años sin actualizarse.
El Gobierno contestó el pasado viernes a Joan Comorera -senador de En Comú Podem, por Barcelona, y portavoz de esta formación en la Comisión de Justicia- a su pregunta sobre la actualización de los baremos y módulos del Turno de Oficio en este territorio (Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia y las Islas Baleares) de la siguiente forma: «el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de revisión y análisis de módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita”.
También señaló que “se ha iniciado la tramitación de la Orden Ministerial que regula el incremento de los módulos, pidiendo los preceptivos informes al Ministerio de Hacienda, Consejo General de la Abogacía Española y Consejo General del Poder Judicial para ultimar la tramitación de dicha orden”.
Al mismo tiempo recordó que dicha tramitación “exige la previa modificación del Real Decreto 996/2003 de 25 de julio que aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, por lo que si tras los análisis que se realizan se determina la necesidad de incorporar nuevos baremos, esta revisión se hará con posterioridad y conllevará una tramitación más larga”.
En declaraciones a CONFILEGAL, Comorera señala que “esta respuesta es una patada a seguir. Te dicen que están estudiando el tema pero el problema son los tiempos. Hay que agilizarlo de alguna manera y no dilatarlo más en el tiempo. En territorio Ministerio de Justicia, que comprende seis CCAA, llevamos veinte años sin que los baremos del Turno de Oficio se hayan tocado y es una discriminación inaceptable”.
Este jurista recuerda que “hace un año hubo un debate y la Comisión de Justicia del Senado, a propuesta del Grupo Mixto e incorporando una enmienda del Grupo Popular, aprobó por unanimidad una moción que instaba al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para dignificar la asistencia jurídica gratuita y el Turno de Oficio, pero no se ha hecho nada. Va pasando el tiempo y la realidad es la que es”.
Comorera recuerda que la propuesta de actualización de baremos que realizo en julio el Ministerio de Justicia no ha gustado nada.
“Se quedaba muy corta a nivel de emolumentos pero se nota la falta de compromiso. Queremos ver hechos por encima de todo. Al final el problema es la falta de voluntad política para una actualización razonable de dichos baremos como lo que existe en otras Comunidades Autónomas, como Cataluña, entre otras”, señala.
Brecha salarial en la abogacía
Para este jurista catalán “es una realidad que la brecha salarial entre los abogados de los grandes despachos y los pequeños despachos. Muchos de ellos son despachos unipersonales que representa la forma de ejercer la abogacía en nuestro país, asfixiados por obligaciones legales se está estirando peligrosamente. Hay una parte de la profesión de abogado que se está quedando muy atrás por desgracia”.
A juicio de Comorera “parece evidente que muchos abogados pasan dificultades para llegar a fin de mes”.
Sobre la nueva obligación de tener que inscribirse en el Registro Mercantil, tema que adelantó CONFILEGAL hace unos días, advierte que “es otra obligación más para el abogado de a pie que asesora de forma externa a empresas. Estar al día de todas estas obligaciones no es sencillo. Supone invertir recursos para poder cumplir con todas ellas. Al final no dejan de ser muchos más gastos para el profesional”. Junto a ello recuerda que la guerra de precios que hay a nivel hipotecario “ donde las ofertas de macrobufetes quitan mercado a estos abogados de menos estructura. Es complicado ejercer ahora”.
Para el senador por En Comú Podem,parece evidente que aquella tendencia que hubo hace unos veinte años en nuestro país, donde algunos abogados podían vivir del Turno de oficio, es ahora, totalmente inviable ante la escasez de remuneración y lo tardía de esta “Hay que darle una vuelta al modelo de asistencia jurídica gratuita para que funcione mejor. Es evidente que los precios deben ser inferiores a los de mercado pero no tan bajos como en la actualidad”.
La actual Ley de Justicia Gratuita no se esta cumpliendo como debiera
“Ya en la exposición de motivos se habla de una retribución digna sobre este servicio y en un plazo razonable. Pero realmente se ha quedado desactualizado desde hace muchos años. Dos euros la hora o 132 euros por expediente, cálculos que se hace en el sector, no parece que sea muy digno realmente como retribuciones actuales”.
Respecto a la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia, destaca que “ hay un talante diferente y más predisposición para todos los temas pendientes de la justicia. De momento hemos recibido buenas palabras, pero debe pasar a los hechos porque hay problemas acuciantes y el de la asistencia jurídica gratuita, con más de 45.000 abogados que dan el servicio en toda España las 24 horas de los 365 dias del año, es uno de ellos”.
Buscar una solución al problema de las remuneraciones del Turno de Oficio no parece sencillo.
Aquella medida que planteo el que fuera Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de crear un órgano independiente y autónomo de la administración de justicia, no parece ser muy útil a juicio de Joan Comorera.
“Hay algunas competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, todavía se podría ver si en la parte del territorio Ministerio se podría gestionar. Pero introducir más burocracia no sería bueno. Hay que gestionarlo y remunerarlo bien”.
Privatizar el Turno de Oficio sería un desastre
El problema parece ser de índole presupuestario.
En este asunto todos los expertos coinciden que la Justicia siempre ha sido una de las actividades con menos marketing y menos presupuesto en los últimos años, en comparación con otras actividades.
“Parece como si a los Gobiernos no les interese que funcione. Es posible que Sanidad y Educación vendan más que hablar de la Administración de Justicia en nuestro país”, indica.
Hablar de la privatización del Turno de Oficio parece que no está en la agenda de nadie.
“De momento el tema no se ha planteado pero hay que estar vigilante. La privatización del Turno de Oficio redundaría en la calidad del servicio que se ofrece ahora y sería un desastre que pagarían los ciudadanos con menos recursos en nuestro país”, declara.
Como antecedente la traducciones jurídicas de la justicia ahora externalizadas que bajan mucho en calidad respecto a buenos traductores.
