Los jueces concluyeron en el segundo trimestre de 2018 la instrucción de un total de 11 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 40 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por este tipo de delitos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha publicado hoy.
Según los datos facilitados por el órgano de gobierno de los jueces, entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año se dictaron 23 sentencias en causas por delitos de corrupción, de las que 14 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60,9% del total.
Estos datos son inferiores respecto a los de los tres primeros meses de 2018.
Entre los pasados enero y marzo, los juzgados y tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias, es decir el 75% del total; mientras que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas en 17 procedimientos.
PRIMEROS DATOS DE PERSONAS JURÍDICAS
Cabe destacar que el repositorio de este segundo trimestre es el primero en el que se incluye el número de personas jurídica contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo.
En total fueron 6, cinco en Andalucía y una en la Comunidad Valenciana.
La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, «entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía«, subraya el CGPJ.
Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).
A 1 DE OCTUBRE HABÍA 92 PRESOS CON CONDENA FIRME POR DELITOS DE CORRUPCIÓN
El repositorio también ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.
La información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario, como penados o en situación de prisión preventiva, tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados.
A 1 de octubre de este año había en el conjunto de España 92 penados -en 51 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 22 con el de cohecho-, además de nueve preventivos.
El repositorio, que es de acceso público en la web del CGPJ y se actualiza cada tres meses, permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores.
