Los asuntos de familia colapsan los juzgados como ya han denunciado asociaciones como AEAFA y otros expertos en esta jurisdicción. Esto hace que, en determinadas ocasiones, tomen decisiones poco comprensibles como la de inhibirse ante algunos asuntos
Es el caso defendido por el abogado Jesús A. Lorenzo, socio director del despacho Aboga2.
Este jurista explica a CONFILEGAL cómo solventó un asunto de familia específico. “Acudió a nuestro despacho una madre con dos hijos menores de edad a los que necesitaba renovar el DNI y, como es lógico, las autoridades no accedían a la emisión de uno nuevo ni un nuevo pasaporte sin la firma del padre”.
En su relato señala que “la señora se encontraba ante un gran problema ya que el padre estaba desaparecido desde hacía años y ella no sabía nada de él desde que la abandonó junto con sus dos hijos. De hecho, a día de hoy, con un juicio celebrado en el propio Juzgado que archivó el asunto una primera vez, no sabemos si el padre está vivo o muerto. No ha aparecido”, apunta Lorenzo.
Este asuntó a nivel judicial arrancó a primeros del año pasado. «La solución definitiva para el problema planteado es la interposición de una demanda de divorcio en la que se solicite que el padre pierda la patria potestad o al menos la suspensión de la misma”. Sin embargo la sorpresa para este jurista es que el propio Juzgado “nos pidió un “certificado de empadronamiento” del padre de los menores.
Desde este despacho se presentaron escritos al juzgado manifestando que el padre estaba desaparecido desde hacía años y que era imposible localizarle, por lo que se debía solicitar la ayuda de las autoridades policiales para que le localizaran. “La policía certificaba que el padre estaba desaparecido del territorio nacional y no era posible su localización”, comenta Lorenzo.
La situación se complica cuando, en este contexto, el Juzgado procedió al archivo del procedimiento, familiaes decir, «de manera errónea entendió que no era Juzgado competente porque no era el lugar de residencia del padre, lo que obligó a interponer demanda ante la Audiencia Provincial de Madrid”.
El problema se genera cuando el Juzgado de primera instancia número 25 de Madrid que archiva el tema no dice “cuál es el juzgado competente, con la consiguiente inseguridad jurídica para nuestro cliente”, señala nuestro experto.
Son cuatro meses de espera de la decisión del citado Juzgado que concluyen con un auto de junio del 2017 “donde la juez procede al archivo del asunto sin darnos una alternativa a otro juzgado, incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Civil”, subraya Lorenzo.
La Audiencia Provincial de Madrid resuelve el asunto
En esta situación, Lorenzo acude a la Audiencia Provincial de Madrid donde interpone un recurso de apelación el pasado 19 de junio del 2017 contra los autos de la juez de primera instancia “dejando claro la situación de absoluta indefensión de esta persona en ese momento”.
La Audiencia responde un año después. “Dictó Auto en el que pone de manifiesto que para determinar la competencia territorial, en caso de no poder localizar al demandado, el Juzgado competente será el domicilio del demandante conforme artículo 769.1 último párrafo del Código Civil. Nos da la razón en nuestro recurso de apelación”, apunta este abogado.
Este órgano judicial resolvió el 30 de mayo del 2018 y ya se ha celebrado un juicio en el mencionado Juzgado de primera instancia 25 de Madrid. “El juicio se celebró este martes pasado y el padre sigue en paradero desconocido. No se presentó a la vista. Sigue sin encontrarle la policía», señala este letrado.
La no comparecencia a esta vista convierte al padre de esta familia a punto de divorciarse en rebeldía procesal. “Se han publicado una serie de edictos donde queda claro que este señor tiene un procedimiento abierto al que no ha acudido”.
Jesús A. Lorenzo espera tener una sentencia rápida sobre este asunto, “confiemos que la tengamos este mes, porque no hay mucho que dilucidar”. Queda por saber si retirarán o no la patria potestad a este padre desaparecido.
En situaciones parecidas a la sufrida por esta madre de dos menores, este jurista es partidario de acudir al juzgado, denunciar los hechos y pedir la retirada de la patria potestad “o al menos la suspensión de forma subsidiaria, para evitar tener que estar de forma constante en el juzgado ante determinadas situaciones como puedan ser, renovación de pasaporte, llevar a los niños al psicólogo, etc.»
«Quizás los juzgados deberían ser más valientes ante este tipo de situaciones”, indica Lorenzo.
