La AP de Madrid amplía la investigación de la UCO sobre González Amador a sus datos fiscales y Seguridad Social

20 / 10 / 2026 15:56

Actualizado el 20 / 10 / 2026 15:59

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado ampliar la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el empresario Alberto González Amador para que, además de sus cuentas bancarias, pueda examinar sus datos tributarios y los de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La decisión afecta a la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con distintas operaciones empresariales vinculadas a González Amador y a varias sociedades.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado un recurso presentado por la Fiscalía de Madrid y ha revocado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, que había limitado inicialmente las pesquisas a la información bancaria.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados consideran necesario examinar conjuntamente las tres fuentes de información para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y evitar retrasos innecesarios en la investigación.

La Fiscalía consigue ampliar las diligencias de la UCO

El origen de la controversia se encuentra en una decisión adoptada el pasado junio por el juez instructor.

Entonces autorizó a la UCO a recabar información bancaria de las personas y sociedades investigadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad.

Sin embargo, los investigadores también habían solicitado datos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social para reconstruir los movimientos de fondos y analizar la evolución patrimonial de los implicados.

El magistrado consideró prioritario comenzar por el examen de las cuentas bancarias y posponer la obtención de la documentación fiscal y laboral hasta conocer los resultados de esas primeras pesquisas.

La Fiscalía de Madrid recurrió esta decisión.

Ahora, la Audiencia Provincial le da la razón y considera que no resulta necesario esperar a los resultados del análisis bancario para examinar las restantes fuentes de información.

De este modo, la Guardia Civil podrá desarrollar simultáneamente las comprobaciones solicitadas.

Bajo investigación, la compra de una sociedad por casi 500.000 euros

Una de las principales operaciones examinadas es la adquisición, en diciembre de 2020, de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por una empresa vinculada a González Amador, por un importe cercano al medio millón de euros.

Los investigadores tratan de determinar si esa compraventa pudo utilizarse para satisfacer una presunta comisión a un directivo relacionado con Quirón Prevención, debido a sus vínculos comerciales con el empresario.

La investigación también analiza la evolución de los ingresos de Maxwell Cremona, sociedad vinculada a González Amador, y diferentes operaciones relacionadas con la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia.

Asimismo, se examinan sus relaciones contractuales con Quirón Prevención.

El objetivo de las nuevas diligencias es disponer de información bancaria, fiscal y laboral que permita contrastar las operaciones y los movimientos económicos investigados.

González Amador defendió la legalidad de sus operaciones

El empresario ya compareció en abril de 2025 ante la entonces instructora de la causa, Inmaculada Iglesias, para explicar sus relaciones comerciales con Quirón Prevención.

Durante aquella declaración, documentó los ingresos obtenidos de esta compañía y negó haberlos ocultado mediante una sociedad instrumental para evitar el pago de impuestos.

También defendió la legalidad de la adquisición de Círculo de Belleza, cuyo precio justificó por el valor de su red de distribución, que incluía farmacias.

Además, afirmó que la inspección de Hacienda «jamás» había solicitado los contratos de distribución de esta mercantil.

La nueva resolución de la Audiencia Provincial no supone un pronunciamiento sobre la existencia de los delitos investigados.

Su alcance es procesal: permite a la UCO ampliar las comprobaciones a los datos tributarios y de la Seguridad Social, sin necesidad de esperar a que concluya el análisis de las cuentas bancarias.

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