Para que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer pueda dedicarse «en exclusiva» a las tareas de instrucción de la causa del 1-O por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos, el Consejo General del Poder Judicial ha prorrogado el refuerzo hasta fin de año.
Esta medida fue solicitada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tramitada a través de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción. Ha contado, además, con el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ, así como con la autorización económica del Ministerio de Justicia.
En consecuencia, la Comisión Permanente del CGPJ prorroga la comisión de servicio sin relevación de funciones del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, Pablo Jesús Alonso García hasta el 31 de diciembre.
La medida de refuerzo inicial fue adoptada originalmente por la Comisión Permanente del CGPJ el 15 de marzo del presente año por un período de seis meses, al objeto de que Ramírez Sunyer pudiera dedicarse en exclusiva a la instrucción de las Diligencias Previas 118/2017 correspondientes a posibles delitos relacionados con la organización del referéndum ilegal del pasado de octubre.
Así, el magistrado «queda liberado de la celebración de juicios por delitos leves y su resolución, tarea que asumió en su momento y seguirá asumiendo el magistrado de refuerzo», señala el órgano de gobierno de los jueces a través de un comunicado.
Complejidad de la causa
El refuerzo y su prórroga se justifica por la complejidad de la instrucción y por el elevado número de personas investigadas en el procedimiento -más de 30, que han comparecido con abogado y procurador- y de partes personadas: Fiscalía, Abogacía del Estado, una acusación popular y una acusación particular.
La causa, pendiente todavía de varias actuaciones de investigación, consta en la actualidad de 21 tomos con un total de 7.417 folios y varias piezas separadas.
