El análisis de la contratación pública desde la Ley 9/2017, que entró en vigor el pasado mes de marzo, fue el tema escogido por la ‘Asociación Española de Abogados Administrativistas’ para su presentación en sociedad este martes en la sede del Consejo General de la Abogacía.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Antonio Moreno ofreció una charla sobre esta nueva normativa y su relación con las directivas europeas. El tema se completó con una mesa redonda en la que se volvió a analizar este tema, ahora tan de actualidad.
Fue Manuel Beato, socio responsable del Área de Derecho Administrativo en Bálamo Legal & Fiscal (Extremadura) quien explicó como presidente el origen de esta asociación. Una entidad que ya cuenta con la página web http://www.administrativistas.es/ como punto de encuentro de todos los profesionales de esta disciplina y una revista doctrinal dirigida por el profesor Juan Alemany, también de la Junta Directiva.
Durante el acto también se presentó su primer número.
Junto a él, en la Junta Directiva de esta recién aparecida asociación se encuentran como vicepresidenta primera, Elena González, socia directora de González Abogados Asociados (Mérida); vicepresidente segundo, Juan Alemany, abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo en la UIB y en la Rovira y Virgili; y como secretario, Manuel Frade del despacho Bálamo Legal & Fiscal.
Sobre la asociación, su presidente destacó que pretende fomentar el contacto profesional entre sus asociados y su formación cualificada y especializada en el campo del Derecho Administrativo.
“Queremos impulsar la excelencia profesional en el ejercicio del asesoramiento y la defensa letrada especializados en materias administrativas y contencioso-administrativas”, apuntó.
También se refirió a que esta asociación representará y defenderá ante cualesquiera terceros, incluidos la Administración Pública, la Administración de Justicia y los Colegios Profesionales, los intereses colectivos de los profesionales especializados en el asesoramiento y la defensa letrada en materias propias de las ramas de conocimiento adscritas al Derecho Administrativo.
Desde esta perspectiva se pretende “colaborar y cooperar con cualesquiera instituciones y entidades en actuaciones que redunden en la mejora de las condiciones de ejercicio profesional o en el avance científico, doctrinal, legal o de cualquier otro orden de la regulación administrativa y de los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos”.
Según el artículo 6 de los Estatutos de esta entidad “podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar que, teniendo interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, se dediquen profesionalmente de manera principal, por cuenta propia o ajena, al asesoramiento legal especializado en cualquiera de las ramas propias del Derecho Administrativo”.
Es decir, abogados externos, juristas que asesoren a empresas o a administraciones públicas o docentes universitarios podrán confluir en esta iniciativa.
La influencia de la UE en la contratación pública española
Este evento se completó con las palabras de José Antonio Moreno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha para abordar la perspectiva europeísta de la contratación pública, “uno de los sectores más emergentes del derecho administrativo, sobre todo tras la aprobación de la Ley 9/2017 que regula esta actividad. En este escenario el papel de la Abogacía debe ser esencial sobre todo cuando los litigios relacionados con esta actividad se han disparado”, apuntó.
En su intervención recordó la evolución de la contratación pública en nuestro país, a la luz de las últimas directivas comunitarias, en especial las de 2014.
“Hasta el momento, las licitaciones en Europa son escasas, en muchos países hay asuntos a los que compiten dos empresas del mismo país y sector”. Sobre nuestro país, recordó que hay unas 20.000 entidades públicas, lo que hace un universo disperso que no facilita la licitación.
“Desde Bruselas se ha insistido en que debe fomentarse la libre competencia y que todos los licitadores participen en igualdad de condiciones”, comentó.
La Unión Europea quiere que la contratación pública sea sencilla, que cualquier licitador puede participar en cualquiera de los países miembros y que “al mismo tiempo la contratación pública ayude a fomentar otros valores o políticas públicas como cuestiones relacionadas con el medio ambiente, desempleo o asuntos sociales”.
La idea, además, es que funcione a nivel electrónico, cuestión que no todos los países tienen implementado. En España se ha dado una moratoria de otros dos años para mejorar dicha implementación electrónica.
Un dato importante que arrojó el ponente es que el 20% del PIB europeo tiene que ver con la contratación pública. La directiva del 2014 introdujo el concepto de contratación pública eficiente. “Se trata de adjudicar ese pliego a la oferta con mejor calidad y precio, no a la más económica”, destacó.
Entre los asistentes, abogadas como Concha Jiménez Shaw, participante en su día junto con un centenar de abogados en la impugnación de las tasas judiciales en la Audiencia Nacional hace ahora cinco años.
Desde su punto de vista “la asociación de abogados administrativistas me parece una excelente idea, y la presentación ha resultado ilusionante”.
Para esta jurista, también docente universitaria, “a pesar del amplísimo campo que abarca el Derecho Administrativo creo que los puntos comunes de los letrados que manejamos este área justifican esta iniciativa que, además, nos han indicado que está abierta a los que trabajan para las Administraciones Públicas”.
Este acto de presentación culminó con una mesa redonda en la que moderados por Manuel Beato, intervinieron junto a Moreno y Alemany, Fernando García, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid; y Josep Ramón Fuentes i Gasó, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universitat de Rovira i Virgili (Tarragona).
