La reforma limitada de la Constitución que quiere llevar a cabo el Gobierno para acotar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores suscitó este martes un largo debate en el Consejo de Estado, órgano al que se le ha encargado la elaboración de la propuesta.
A lo largo de tres horas de reunión, desde las 11.30 hasta las 14.30, los miembros del Pleno del Consejo debatieron a puerta cerrada la propuesta redactada por la comisión de estudios que, bajo la batuta de la presidenta de la institución, María Teresa Fernández De la Vega, ha trabajado en el encargo del Gobierno.
En la discusión se hicieron algunas sugerencias que motivarán que la comisión de estudios se reúna de nuevo este miércoles para pulir el texto e intentar que la versión definitiva sea del agrado de todos.
Este jueves, el borrador definitivo se elevará de nuevo al Pleno del Consejo de Estado para su aprobación definitiva y se remitirá al Gobierno, que le dio un plazo de tan sólo un mes –con una pequeña prórroga de apenas 15 días– para elaborar una reforma de la Constitución de cierta complejidad técnica.
La propuesta deberá indicar en qué sentido se pueden modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.
El Gobierno tan sólo le indicó al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al «estricto ejercicio» de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción.
Complejidad técnica
Pero esta idea de fácil formulación verbal no es tan sencilla de trasladar al plano jurídico, pues podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.
El Consejo de Estado sí podría sugerir en su informe qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución e indicar si otros aforados del Estado como los parlamentarios autonómicos –protegidos en sus respectivos Estatutos de Autonomía– deberían adoptar la misma línea que fije la reforma.
Otras de las cuestiones que podría abordar la propuesta del Consejo de Estado es si recomienda o no acotar asimismo el fuero de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal.
No se espera que se ponga sobre la mesa la modificación del fuero que tiene los más de 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, ni tampoco el que afecta a los miembros de la Familia Real. /EP/.
