El Consejo de Estado prevé que tanto la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) como la Ley Orgánica que regula las Carreras Judicial y Fiscal pasen por el órgano consultivo para que este emita su dictamen correspondiente, así lo ha asegurado su presidenta, Carmen Calvo, en un encuentro informativo con periodistas.
Aunque no ha querido entrar en detalles, sí que ha dicho que «creo que va a venir» y «así se nos puede escuchar». Y ha matizado que «si es preceptivo tiene que venir, si no, se produciría impunidad en el procedimiento».
En el último año, el Consejo de Estado ha aumentado en un 18% el número de asuntos, y ha elaborado más de 1.700 dictámenes.
Principio de indemnidad
En este encuentro, Calvo ha querido subrayar la importancia del principio de indemnidad y ha avanzado que la Comisión de Estudios del Consejo de Estado está analizando la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, cómo indemnizar a una persona cuyos derechos se han visto afectados por un fallo en el funcionamiento de la Administración.
El principio de indemnidad es un principio jurídico-laboral que protege a los trabajadores frente a represalias o consecuencias negativas por haber ejercido sus derechos laborales, especialmente los relacionados con la reclamación judicial o administrativa de esos derechos.
La presidenta del órgano consultivo ha indicado también que España es uno de los Estados que más responde y que más recursos moviliza para indemnizar a los ciudadanos cuando se comprueba que la administración ha dañado sus derechos.
Con este asunto se ha reactivado la Comisión de Estudios, que hacía más de seis años que no se reunía y que tiene capacidad de elevar al Gobierno mociones con propuestas que considere oportunas, ha comentado Carmen Calvo.
Y ha querido dejar claro que «los ciudadanos tienen que saber que una ley, un Real Decreto o un conflicto de competencias que ha pasado por aquí tiene la garantía de que cumple la legalidad y la constitucionalidad«.
Eso sí, ha recordado que aunque el Consejo de Estado «no puede intervenir en el debate público si no son consultados, pero sí puede proponer al Gobierno que intervenga ante un problema del Estado».
En este sentido, ha señalado que ellos se encargan de dictaminar muchas de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que presentan los ciudadanos por vulneración de derechos humanos y han visto ahí la necesidad de abordar el asunto.
Otros asuntos que tratarán, aunque sea más adelante, serán los relativos a la contratación pública o bajas temerarias que causan problemas al erario público.
«Elegimos asuntos que ayudan a todo el mundo, evitando las controversias políticas».
Y aquí, ha puesto como ejemplo algunos dictámenes recientes de casos de personas que estuvieron en prisión preventiva y luego fueron absueltas, pero también indemnizaciones a familiares de miembros de la Armada fallecidos tras años de trabajo en buques con amianto.
500 aniversario del Consejo de Estado
Además de activarse la Comisión de Estudios, el Consejo, que el año que viene cumplirá 500 años, se ha puesto también como objetivo poner al día la doctrina legal que emite el organismo y que no se había actualizado desde 2008, a pesar de ser un «órgano doctrinal muy importante», para lo que se han puesto un plazo de un año.
Igualmente, ha señalado que desde el Consejo de Estado están apostando por «el uso de un lenguaje claro, sin perder el rigor jurídico».
