El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado hoy un paso que debería haberse dado hace tiempo. Su Pleno acordó este miércoles, por mayoría, encargar al Servicio de Inspección la elaboración de un sistema objetivo para cuantificar las cargas de trabajo que soportan los órganos judiciales españoles.
No es una iniciativa espontánea. Detrás hay una sentencia del Tribunal Supremo que lleva casi tres años esperando cumplimiento.
La resolución en cuestión la dictó la Sala de lo Social del Supremo el 22 de septiembre de 2023. Es la número 581/2023.
Estimó parcialmente el recurso de casación que la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente habían interpuesto contra una resolución previa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
El fallo fue claro: el CGPJ debía regular la carga de trabajo de la carrera judicial. No como cuestión de eficiencia ni de estadística.
Como una exigencia de salud laboral.
Un sistema construido desde dentro
El método elegido no parte de cero. El Servicio de Inspección tomará como base los datos que ya maneja el Servicio de Estadística Judicial del propio CGPJ, centrándose en aquellos órganos que muestran cargas de trabajo y rendimientos estables.
Esos registros se convertirán en la referencia, en el estándar contra el que medir el resto. Es, en esencia, un ejercicio comparativo: identificar qué se considera una carga razonable y evaluar cuánto se desvía la realidad de ese umbral.
El acuerdo adoptado por el Pleno será trasladado de inmediato al vocal Ricardo Bodas, presidente de la Comisión de Carrera Judicial y al de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad –vocal del CGPJ y miembro, por lo tanto de este Pleno– órgano en el que están representadas las cuatro asociaciones judiciales.
Conocerán el sistema escogido y, en un plazo breve, los resultados que arroje.
El Servicio de Inspección también recibirá la comunicación formal del encargo.
Más allá de la sentencia: el Reglamento de la Carrera Judicial
Lo que se ha aprobado hoy se inscribe en un proceso más amplio. En paralelo a la ejecución de la sentencia, el CGPJ trabaja en la reforma del Reglamento de la carrera judicial.
Una reforma que, por primera vez, incluirá un bloque específico dedicado a la protección de la salud de jueces y magistrados.
La propuesta no es menor. Doce preceptos nuevos que abordan la cuestión desde un ángulo que hasta ahora había quedado en segundo plano: la salud como componente de la independencia judicial.
Entre las medidas previstas figuran la creación de un servicio especializado en salud judicial, canales directos de comunicación con la carrera judicial, la definición de indicadores de rendimiento saludable y mecanismos concretos de información, formación y transparencia.
La premisa que subyace es relevante desde el punto de vista institucional. Si un juez trabaja en condiciones que comprometen su bienestar físico o mental, su capacidad de resolver con independencia se resiente. No es solo una cuestión laboral. Es una cuestión de garantías para el justiciable.
