La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la apertura de juicio oral contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós.
También serán juzgados los exdirectivos de la entidad Daniel Gil Mallebrera y Vicente Sánchez Asencio y contra el empresario Rafael Galea en relación con la operación de reestructuración de deuda de la inmobiliaria Hansa Urbana.
En el auto de apertura de juicio oral relativo a esta pieza separada denominada “TIP Reestructuraciones”, la magistrada requiere a los cuatro encausados para que, en el plazo de 24 horas, presten una fianza, de forma conjunta y solidaria, por importe de 188.860.000 euros con el fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles que pudieran imponérseles.
La juez designa como responsable civil subsidiario a las sociedades Hansa Urbana
La juez designa como responsable civil subsidiario a las sociedades Hansa Urbana y Management Service SL y responsable civil directo a la Caja de Seguros Reunidos Caser hasta el límite máximo asegurado.
Además, requiere a los tres exdirectivos de la entidad para que, también en el plazo de 24 horas, presten una fianza para asegurar las presuntas responsabilidades pecuniarias de carácter penal a las que pudieran ser condenados, por importe de 192.000 euros, que en el caso del empresario la cantidad es de 96.000 euros.
El auto recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y del Fondo de Garantía de Depósitos, que piden penas para los acusados de entre 2 y 4 años de cárcel, y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento.
Se aligeraba la deuda del grupo con la Caja
La investigada, Dolores Amorós, como directora general de la CAM, en el Consejo de Administración 30 de junio de 2011 presentó la operación de reestructuración de deuda como la mejor solución.
De este modo, si Hansa Urbana entraba en concurso de acreedores, los créditos de CAM concedidos en España pasarían a ser subordinados, lo que implicaría que difícilmente se llegara a recuperar más allá de un 10%-15% de los mismos.
De esa manera, reestructurando la deuda de forma previa al resto de financiadores, se aligeraba la deuda del grupo con la Caja, indicando que llevaban desde febrero negociando con Hansa Urbana, donde intervinieron tanto ella, como los investigados Daniel Gil y Vicente Sánchez.
Dentro de la reestructuración de la deuda había varias operaciones, una de ellas consistía, prosigue el auto, en canje de parte de la deuda por los activos que Hansa Urbana que tenía en México, en concreto unos terrenos denominados «Cabo Cortés«, consistiendo la operación en la venta de HANSA URBANA a TIP de un 24,90% del capital social de la sociedad HANSA MÉXICO de CV.
En la negociación, se acordó mantener el valor que se tuvo en cuenta a finales de 2010, y por tanto se tomó como valor de esos terrenos la tasación de la empresa TINSA de 443 millones de euros, sin que se hubiera producido ningún cambio respecto a la concesión de licencias, y, por tanto, no haberse obtenido las autorizaciones preceptivas para poder construir, dice la magistrada.
Una tasación que los estimaba en un valor “muy superior al real”
A pesar de no contar con las autorizaciones preceptivas, añade, la CAM a través de los investigados, en connivencia con el también investigado Rafael Galea, acordaron el valor de los terrenos de acuerdo con una tasación que los estimaba en un valor “muy superior al real”, de manera que se consideró que el valor del 24,90% de HANSA MEXICO de CV, era de 35.737.178,18 euros, canjeando dicha participación por una reducción en la deuda que Hansa Urbana tenía con la Caja, en este caso de 35.737.178,18 euros.
