La magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha dictado un auto en el que propone juzgar por un delito de administración desleal a la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Dolores Amorós, a los exdirectivos Daniel Gil y Vicente Sánchez y al empresario Rafael Galea.
Por su relación con la operación de reestructuración de deuda de la inmobiliaria Hansa Urbana que supuso un perjuicio para la Caja de Ahorros del Mediterráneo de 37,7 millones de euros.
La magistrada atribuye a los tres primeros la condición de autores y al cuarto al de cooperador necesario.
“Obrando sin diligencia» y “operación irregular”
La resolución, que da un plazo de diez días a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento.
De acuerdo con el auto, los tres directivos investigados, en el ejercicio de sus funciones como miembros de la CAM y “obrando sin diligencia atendiendo al cargo profesional que ostentaban” realizaron una “operación irregular” en el periodo de diciembre de 2010 a finales de 2011.
Explica que a mediados de junio de 2011 la posición financiera de Hansa Urbana era muy crítica debido a los problemas de liquidez, lo que propició que la CAM, que tenía mucha participación en aquella, buscara una salida a la difícil situación que se presentaba, optando por una reestructuración de la deuda.
Se aligeraba la deuda del grupo con la Caja
La investigada, Dolores Amorós, como directora general de la CAM, en el Consejo de Administración 30 de junio de 2011 presentó la operación de reestructuración de deuda como la mejor solución.
De este modo, si Hansa Urbana entraba en concurso de acreedores, los créditos de CAM concedidos en España pasarían a ser subordinados, lo que implicaría que difícilmente se llegara a recuperar más allá de un 10%-15% de los mismos.
De esa manera, reestructurando la deuda de forma previa al resto de financiadores, se aligeraba la deuda del grupo con la Caja, indicando que llevaban desde febrero negociando con Hansa Urbana, donde intervinieron tanto ella, como los investigados Daniel Gil y Vicente Sánchez.
Dentro de la reestructuración de la deuda había varias operaciones, una de ellas consistía, prosigue el auto, en canje de parte de la deuda por los activos que Hansa Urbana que tenía en México, en concreto unos terrenos denominados «Cabo Cortés«, consistiendo la operación en la venta de HANSA URBANA a TIP de un 24,90% del capital social de la sociedad HANSA MÉXICO de CV.
En la negociación, se acordó mantener el valor que se tuvo en cuenta a finales de 2010, y por tanto se tomó como valor de esos terrenos la tasación de la empresa TINSA de 443 millones de euros, sin que se hubiera producido ningún cambio respecto a la concesión de licencias, y, por tanto, no haberse obtenido las autorizaciones preceptivas para poder construir, dice la magistrada.
Una tasación que los estimaba en un valor “muy superior al real”
A pesar de no contar con las autorizaciones preceptivas, añade, la CAM a través de los investigados, en connivencia con el también investigado Rafael Galea, acordaron el valor de los terrenos de acuerdo con una tasación que los estimaba en un valor “muy superior al real”, de manera que se consideró que el valor del 24,90% de HANSA MEXICO de CV, era de 35.737.178,18 euros, canjeando dicha participación por una reducción en la deuda que Hansa Urbana tenía con la Caja, en este caso de 35.737.178,18 euros.
Señala la juez que el perito inspector del Banco de España que analizó dicha operación advirtió de las irregularidades de la misma en el informe de conclusión de inspección y seguimiento continuado de noviembre de 2011.
