La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), considera que PP, PSOE, Unidas Podemos, Cs y VOX “no han priorizado en sus programas la mejora de la Justicia en España ni han planteado propuestas que mejoren la imagen del Poder Judicial”.
Informa que tras analizarlos, constata que «se pueden contar con los dedos de la mano las propuestas relacionadas directamente con las reformas de la Justicia».
Indica que «entre las 101 propuestas del PSOE sólo aparece una y al final (97), que además se despacha con un “plan de modernización de la Justicia y de agilización de los expedientes judiciales”».
Afirma que «lo mismo ocurre con VOX, que también apunta una sola propuesta para que los miembros del CGPJ y del Tribunal Supremo se elijan “por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de Justicia”, además de suprimir el Tribunal Constitucional, cuyas funciones asumiría el Supremo».
Señala que PP y Cs mencionan una de las grandes reivindicaciones que las principales asociaciones trasladaron de forma conjunta a los grupos parlamentarios a finales del año pasado: que el 60% del CGPJ sea elegido por los propios jueces y el 40% restante por los representantes políticos, mientras que Unidas Podemos propone que todos ellos sean elegidos directamente por los ciudadanos.
Apunta que Cs y Unidas Podemos también incluyen una propuesta para garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado, y que «los programas de Rivera y de Casado son los únicos que hacen alguna mención a la necesidad de dotar a los juzgados de más medios materiales y humanos y de mejores instalaciones, amén de aumentar las incompatibilidades para evitar las puertas giratorias entre políticos y juristas».
«En términos cuantitativos, el partido que incluye más propuestas sobre reformas de la Justicia en su programa electoral es Ciudadanos (8), seguido del PP (5) y Unidas Podemos (4), mientras que PSOE y VOX hacen una sola mención», afirma.
La AJFV insta a los partidos a que tras las elecciones generales del próximo día 28 alcancen un Pacto de Estado.
«No lo podemos esperar más porque la Justicia española sigue adoleciendo de una estructura del siglo XIX con medios del XX para atender exigencias del XXI”, señala.
Esta asociación destaca entre los principales problemas del sistema judicial la “lentitud por saturación de agendas, sobrecargas de trabajo, nombramientos opacos e inexplicables, ataques de otros poderes -Ejecutivo y Legislativo-, empeoramiento de la imagen de la Justicia e infraestructuras insalubres y abandonadas”.
Denuncia que tanto el Gobierno actual como el anterior «han incumplido el plazo dado a España por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa para que ya en 2017 se implementaran en nuestro país una serie de recomendaciones para garantizar la independencia judicial», sobre todo que las autoridades políticas no intervengan en ningún estadio del proceso de selección de los miembros de la judicatura.
«Casi dos años después, los políticos siguen siendo los únicos que pactan y eligen a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», señala.
Además, recuerda que ya hace dos años las asociaciones de jueces y fiscales trasladaron de forma conjunta y unánime a los grupos políticos un documento con 18 propuestas, de las cuales la AJFV considera “inaplazables” las siguientes:
Reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que los jueces elijan a 12 y los grupos parlamentarios a los otros 8.
Fortalecer las competencias del CGPJ para que pueda reclamar responsabilidades políticas y en su caso disciplinarias a quienes, siendo parte de un poder público, atenten contra la independencia judicial.
Un plan de inversiones a corto, medio y largo plazo de infraestructuras dignas y personal necesario, así como la implantación de los Institutos de Medicina Legal y Equipos Psicosociales.
Más jueces y fiscales con convocatorias de oposiciones constantes de al menos 250 plazas. La AJFV indica que «hoy en España hay la mitad de jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes que en la media de Europa: 12 frente a 21 en el caso de los jueces y, peor aún, 5 frente a 11 en el de los fiscales».
También pide racionalizar los recursos existentes, «pues no todas las medidas requieren de inversión económica, para lo cual es necesario reestructurar la Carrera Judicial eliminando las categorías internas (juez y magistrado) y apostando por una carrera horizontal».
Adaptar las retribuciones tras la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años que, según datos del CGPJ, llega al 14% y afecta especialmente a los jueces más jóvenes.
Digitalizar «de verdad los expedientes judiciales, que ahora sólo un banco de documentos en PDF sin indexar ni tratar, lo que en la práctica ha convertido los juzgados españoles en auténticas copisterías obligadas a fotocopiar cada día miles de documentos».
