Francisco Solans, vicepresidente y portavoz de la Asociación Española de Abogados Extranjeristas.
Los abogados de Extranjería denuncian que la Directiva de Retorno Forzoso vulnera derechos fundamentales
Será el nuevo Parlamento Europeo quien tenga que ratificar la propuesta de la Cumbre Europea de Ministros del Interior de endurecer dicha directiva, más conocida como Directiva de la Vergüenza
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29/6/2019 06:15
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Actualizado: 28/6/2019 20:15
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El pasado 8 de junio de 2019 la Cumbre Europea de Ministros de Interior celebrada en Luxemburgo, aprobó la propuesta, que viene circulando desde septiembre pasado, de endurecer la ya extrema Directiva de Retorno forzoso – conocida con acierto como Directiva de la Vergüenza – en teoría para hacer más efectivas las expulsiones a sus países de origen de los extranjeros que no tengan derecho a permanecer.
El gobierno español ha puesto objeciones debido a que entre lo aprobado estaría un internamiento MÍNIMO OBLIGATORIO DE TRES MESES, lo cual Grande Marlaska considera contrario a nuestra Constitución.
“Establecer un mínimo en el internamiento seria anticonstitucional. Debe ser un medio para un fin. Tenerlo durante tres meses activo deja claro que el internamiento busca otra cosa”, aclaran los expertos. Pero se espera que el Gobierno español se oponga al endurecimiento de dicha Directiva.
Para Francisco Solans, Vicepresidente y Portavoz de la Asociación Española de Abogados Extranjeristas, “este proceso es largo».
«Arranca en septiembre cuando la Ce saca un anteproyecto con el que pide dictamen a una serie de órganos, entre ellos al Consejo Económico Social Europeo, quien hace un dictamen muy crítico con el proyecto, hasta tal punto que pedía su retirada”.
Solans destaca que José Antonio Moreno, representante de CCOO en dicho organismo y ponente de aquel dictamen en materia de extranjería “reconoce que supone la terminación de la luna de miel entre la Comisión y el Consejo”.
El proyecto siguió su tramitación y culmina, como paso previo para enviarlo al Parlamento Europeo con dicha Cumbre “que no ha cambiado nada. Siguen empeñados en que sea la Directiva de la Vergüenza”.
Para este jurista, tal medida no sólo sería contraria a la Constitución, sino que desvelaría claramente “el hipócrita objetivo de los internamientos en toda Europa».
«Presentados como medida cautelar para facilitar la localización de quien va a ser expulsado, se mostraría así como lo que es: una prisión encubierta y sin garantías contra el no delito de haber inmigrado sin papeles».
Desde esta asociación de abogados, la propuesta esconde otras muchas medidas que elevan hasta lo repugnante la persecución obsesiva que Europa muestra frente a quienes son más dignos de acogida, integración y facilidades que de este tratamiento como si se trataran del enemigo público número uno.
Se pretende generalizar un procedimiento ultrarrápido y sin casi posibilidades de defensa.
Se abandona por completo la política de incentivar el retorno voluntario, convirtiéndolo ya en una persecución generalizada; se prioriza el fin sobre los medios; se ignoran al fin groseramente el respeto a los derechos humanos de las personas en aras a una eficacia mal entendida.
Para Solans “con este tipo de iniciativa no se van a incrementar el número de expulsiones sino incrementar las vulneraciones de derechos humanos. Al final lo que marca el número de expulsiones es que los países de origen al final te acepten a la gente o no”.
Por otra parte, no se recoge medida alguna para la regularización de estas personas, ni para el control de la actuación policial contra los abusos: se dicen unos pocos eufemismos ya conocidos sobre las condiciones de estancia en los CIES pero ni se mencionan para prohibirlas las identificaciones étnicas ni otros abusos a los que estamos tan tristemente habituados.
Persecución injustificada de inmigrantes
Como abogados extranjeristas, “conocemos como nadie las dificultades de los extranjeros, pero también los detalles de los procedimientos de expulsión denunciamos enérgicamente que todas estas reformas no pretenden un aumento de eficacia».
«Está lastrada no es ni por la necesidad de procedimientos en los que sea posible una defensa efectiva ni por garantías jurídicas ante tan dura sanción, que rompe por completo familias y proyectos vitales”.
También recalca que “lo que se pretende es ahondar en una persecución con la que dar satisfacción a los bajos instintos de una extrema derecha que ruge cada día más, no por lo que es – un resto histórico de épocas que no enorgullecen a Europa — sino por lo que se les alimenta con proyectos de este calado”.
El mensaje que Solans como vicepresidente de esta asociación quiere aceptar a las personas que se encuentren en una situación de este tipo “no hay estadísticas oficiales pero realmente hay muchas personas afectadas en riesgo de expulsión a los que se les va a vulnerar sus derechos».
«Es importante que contacten con abogados especializados en extranjería que les ayuden a regularizar su estatus. Nuestro trabajo es defenderles, pese a que las leyes no ayudan a ello por desgracia”.
Solans apunta a que “por mucho que las leyes se endurezcan hay que darse cuenta que la casuística en materia de extranjería es infinita».
«Siempre va a haber causas de defensa, una familia o un arraigo social que intenten lograr la regularización. Todas esas causas por mucho que se intenten aminorar están ahí y hay que hacerlo valer a través de un abogado que sepa lo que hace y conozca bien la normativa española y comunitaria”.
Este jurista advierte a Confilegal que “los procedimientos de extranjería son draconianos y ultrasumarios. Son de una rapidez inusitada. Te pueden echar de un país en veinticuatro horas aunque seas refugiado político».
«Los abogados tenemos que estar muy pendientes para defender a la gente en situaciones que no siempre estamos acostumbrados y que en algunos casos si vuelven a su país corre en peligro su propia vida. Nos preocupa que estas situaciones se ventilen en procedimientos sumarísimos de este tipo”.
La casuística es notable, pero podemos comentar algunos casos más generalizados “ciudadanos que tuvieron permiso de trabajo y residencia y lo han perdido. Se sitúan por ello de forma irregular en nuestro país. Junto a ellos toda la gente que entra en patera y cayuco».
«Que es detenida y no puede ser devuelta porque no los admiten en sus países de origen. Y aquellos que llegan por vía aérea y que luego se quedan irregularmente. Por todo ello no se puede dar una cifra de afectados”, aclara Solans.
Frente a este escenario, los abogados extranjeristas denuncian la cerrazón de la administración para conceder más permisos de residencia “hay gente que lleva 15 o 20 años con trabajo y familia pero que al pedir un permiso de residencia lo deniega».
«Son situaciones que no se entienden y que al final es la propia administración la que crea la bolsa de irregulares al cerrar todas las puertas a estos ciudadanos”.
Desde este colectivo jurídico se es consciente que “es el momento que los partidos políticos con representación parlamentaria en Europa tomen posiciones».
«Determinados partidos como Izquierda Unida, Podemos o Los Verdes son favorables a oponerse al endurecimiento de la citada Directiva de la Vergüenza, pero también deben verlo los grupos socialdemócrata y socialista que han mantenido una postura ambigua. Sería una vergüenza para ellos que apoyasen dicho endurecimiento”.
En el momento de constitución del nuevo Parlamento Europeo habrá una votación sobre si la mencionada Directiva de la Vergüenza amplia sus competencias o no.
Todo esto con el perjuicio que va a suponer para los derechos de muchos inmigrantes o refugiados políticos, en situación irregular en muchos países europeos.
“Si se aprueba por el Parlamento Europeo, acudiremos donde haga falta».
«En primer lugar, al Tribunal Europeo de Justicia que debe analizar la adecuación de dicha norma con la Carta Europea de los Derechos Humanos y también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) porque creemos que hay vulneraciones claves del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, advierte este jurista.
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