El presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, durante su intervención en la Asamblea General. Foto. Mutualidad.

La Asamblea General de Mutualidad aprueba las cuentas anuales de 2023 con un respaldo del 68 % de los votos

30 / 06 / 2024 06:33

Actualizado el 01 / 07 / 2024 10:59

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Tuvo lugar entre la mañana y la tarde de ayer en el auditorio de Mutua Madrileña, en pleno centro de Madrid. La Asamblea General de Mutualidad, integrada por los mutualistas elegidos en las 83 reuniones territoriales previas –que corresponden con cada colegio de abogados– consiguió el apoyo del 68 % de sus componentes -230- en la aprobación de sus cuentas anuales de 2023.

104 votaron en contra.

El informe financiero del pasado año mostró cifras solidas: 666 millones de euros en primas, un volumen de ahorro gestionado de 10.209 millones de euros (un incremento del 4,85% respecto al año anterior), un excedente de 85 millones de euros y fondos propios alcanzando los 535 millones de euros.

Estos resultados han permitido mantener una robusta ratio de solvencia del 213 % y gestionar los gastos con eficiencia, con un índice del 0,26 %.

Además, los mutualistas con Plan Universal han visto mejorada su rentabilidad con un 0,77 % adicional, sumando un total del 3,83 % al combinar los rendimientos obtenidos durante el año.

Plan Ahorro 5 y Plan Junior también han experimentado un incremento en su rentabilidad, alcanzando un 3,45 %, con un complemento adicional del 0,39%.

La Asamblea General también ha validado las cuentas anuales consolidadas del Grupo Mutualidad con un apoyo del 66 % de los votos, así como el nombramiento de Mazars como auditora externa para el próximo ejercicio.

Además, se aprobó la asignación de una prestación extraordinaria a pensionistas de los planes básicos (Plan de Seguridad Profesional, Plan de Previsión Profesional de la Abogacía y Plan Mutual de Previsión) consistente en 700 euros.  

Por otra parte, fueron elegidos los cinco vocales a la Junta de Gobierno, 5 correspondientes a representantes de los mutualistas y dos a representantes de los socios protectores, además de una vocalía independiente.

Los nuevos representantes de los mutualistas son Rafael Bonmati Llorens, Joaquim De Miquel Sanier, José Félix Móndelo Santos, Jose Ignacio Monedero Montero de Espinosa y Lucía Solanas Marcellán.

Los elegidos por los socios protectores son José María Alonso Puig y Victoria Ortega Benito. La vocal independiente es Blanca Montero Corominas. 

LA ABSORCIÓN DE LA MUTUALIDAD DE LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS NO FUE APROBADA EN LA ASAMBLEA GENERAL

El punto de la fusión por absorción por parte de la Mutualidad de la Mutualidad de los Gestores Administrativos no salió adelante por no haber podido llegar a una mayoría cualificada de los dos tercios a favor para su aprobación. Sólo se consiguió la mayoría simple. Quedó descartado.

A pesar de todo, el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, se mostró ayer muy satisfecho: “La aprobación de prácticamente todos los puntos del orden del día es un claro testimonio de la confianza que nuestros mutualistas tienen en nuestra gestión. Estamos comprometidos a seguir trabajando con diligencia para asegurar la rentabilidad y el crecimiento sostenido de nuestra organización“.

La celebración de la Asamblea General fue, sin embargo, un tanto tumultuosa por la reivindicación de una parte de los representantes de una pasarela al RETA.

Sanz Fernández-Lomana, durante su intervención, respondió a los mutualistas descontentos que la «Mutualidad, desde el primer momento, se mostró conforme a la Pasarela al RETA, siempre y cuando no perjudique al conjunto de mutualistas”.

Los descontentos reclaman al Gobierno una plataforma voluntaria pasa pasar a cotizar en el RETA, de modo que todos aquellos abogados que quieran puedan llevarse de la Mutualidad a la Seguridad Social el capital que han acumulado durante los años que llevan cotizando a este sistema alternativo junto a la parte proporcional de los fondos propios que le corresponden de la Mutualidad.

Una vez hecho el trasvase, reclaman que la Administración les reconozca dentro de la Seguridad Social los mismos años de cotización que han estado aportando a la Mutualidad. Un punto sobre el que el Gobierno disiente, negándose a reconocer la antigüedad.

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