De izquierda a derecha, Jesús Gascón, director de la AEAT, Ana Sánchez Lamelas, subdirectora del centro de estudios políticos y constitucionales y Maximino Linares, presidente del patronato de la fundación impuestos y competitividad.
Fundación pide que no afecte a la competitividad de las empresas la armonización del impuesto de Sociedades con la UE
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15/7/2019 06:15
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Actualizado: 15/7/2019 01:04
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La Fundación Impuestos y Competitividad, impulsada por grandes despachos de abogados, sugiere revertir algunos cambios en el gravamen a las empresas tras la salida de la crisis económica y buscar una armonización “moderada” con los estándares de la UE, evitando perjudicar la competitividad de nuestras empresas con soluciones de máximos.
Esta semana esta entidad publicaba su último trabajo, titulado “Imposición sobre el beneficio empresarial: evolución reciente, perspectivas de futuro”, en el que se analizan los recientes cambios del impuesto de sociedades, así como su posible desarrollo en los próximos años.
En esta situación, los expertos consideran que España necesita pocos cambios para adaptar el impuesto sociedades a la UE, sabiendo que la directiva comunitaria le podría permitir cambios a la baja de menos rigor.
La armonización debe contar con un margen y si tiene una horquilla de máximos y mínimos los expertos de esta fundación piden que se sitúe en el lado más bajo.
Se trata de no lastar a las empresas españolas en su competitividad y que España siga siendo un buen lugar para inversiones extranjeras.
Junto con el impuesto de sociedades, estos juristas advierten que hay otros gravámenes que están incidiendo o pueden incidir en la actividad empresarial.
Es el caso de las tasas donde hay previsiones de que exista alguna para el sector financiero, la tasa Google para las empresas tecnológicas, y los gravámenes especiales que ya existen para telecomunicaciones y seguros que ya están operativos.
El introducir nuevas figuras impositivas puede hacer menos competitiva nuestra economía.
Desde hace ocho años el patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad está formado por Baker Mckenzie, Cuatrecasas, Deloitte Legal, EY Abogados, Garrigues, KPMG Abogados, PWC Tax & Legal y Uría Menéndez.
Hace ya un año plantearon una reforma profunda de los impuestos medioambientales
A nivel organizativo. el Comité Ejecutivo estará constituido por un número de Patronos situado entre cinco y quince, según decida en cada momento el Patronato.
Durante 2019 el cargo de presidente ha sido ejercido por Ernst & Young ABOGADOS S.L.P. en la persona de Maximino Linares. La Vicepresidencia la ostenta Eduardo Abad en representación de J&A Garrigues S.L.P.
Las funciones de secretario son asumidas por Uría Menéndez Abogados, representada por Jesús López Tello, y se ha nombrado vicesecretario durante 2019 a Franciso Cantón, en nombre de Ernst & Young ABOGADOS S.L.P. , que además asistirá al Director General en la realización de su cometido.
Jesús Gascón Catalá, director de la AEAT, presidió el acto, celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En su intervención, Gascón ha resaltado el incremento de la recaudación a través de este impuesto el año pasado, un 7,3% más que en 2017, y anunció que en 2019 el dato de crecimiento seguirá siendo positivo.
Aun así, el porcentaje del Impuesto sobre Sociedades en España supone un 2,3% del PIB, frente a la media de los países de la UE que se sitúa en el 2,7%. El director de la AEAT también incidió en la dificultad de llegar a acuerdos internacionales para la redefinición del impuesto, debido a la inevitable tendencia a mantener la competencia entre los distintos Estados.
Asimismo, apuntó que la globalización demanda nuevas soluciones en materia de gestión del Impuesto por tratarse de un tributo regido y aplicado por administraciones nacionales, que contrastan con el carácter multinacional de las empresas, sugiriendo APAS bilaterales o multilaterales o actuaciones de comprobación inspectora conjunta; así como un esfuerzo de las empresas en materia de transparencia en línea con el proyecto ICAP o la DAC 6, que debería servir para redefinir la gobernanza fiscal de las multinacionales
EL SALVAVIDAS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
El estudio, coordinado por Deloitte Legal, resalta que la crisis económica de 2007 y la búsqueda de soluciones para la consolidación fiscal tuvo notable protagonismo en la regulación del Impuesto sobre Sociedades y muchas de las novedades introducidas en sus normas. La mejora de la situación económica de nuestro país no ha variado la vigencia de estas modificaciones, a pesar de que algunas se anunciaron con un matiz de provisionalidad.
Estructurado en tres grandes bloques, el primero de ellos echa la vista atrás para analizar los datos estadísticos de recaudación de la figura, la relación entre el beneficio contable y la cuantificación del impuesto y la evolución de su regulación desde la óptica de los principios constitucionales.
Desde esta entidad el tope logrado en sociedades de 44.000 millones de euros se logró una vez en el 2007, pero es una recaudación complicada de volver a lograr. Esas cifras fueron extraordinarias en nuestro país fruto de la burbuja inmobiliaria financiera existente que luego pincharía en esos años,
La segunda parte del trabajo aborda aspectos del régimen vigente como las claves de su actual regulación y sugiere medidas de mejora de la misma.
En particular a los aspectos de la normativa del Impuesto sobre Sociedades que, afectados por las Directivas Europeas ATAD 1 y ATAD 2,- de armonización de las medidas derivadas del Plan BEPS en el ámbito de la UE -, están sujetos a las exigencias de una posible transposición.
La tercera parte incluye las propuestas a futuro sobre el gravamen de la actividad empresarial procedentes de la OCDE, la Unión Europea y las medidas ya aprobadas por distintos Estados o las de respaldo eminentemente doctrinal. En esta parte se analizan los últimos diez años del impuesto y como hay una tendencia de modificaciones no siempre justificadas. La línea que se pretende es que el impuesto contribuya a la consolidación fiscal.
Las palabras de Juan Zornoza, catedrático de la Universidad Carlos III sirven para hacer una valoración de esta cuestión.
Algunas de estas correcciones podrían ser anticonstitucionales por quebrar el principio de capacidad contributiva, según el catedrático.
El caso más claro es el de los pagos fraccionados, un pago que no tiene que ver con la cuota que se va a pagar y del que Confilegal ya analizó este tema ahora en el Tribunal Constitucional.
El acto, celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, fue inaugurado por Ana Sánchez Lamelas, subdirectora del centro, y se estructuró en dos mesas de debate, moderadas por Ignacio García Alonso y José Manuel Bunes de Ibarra, de Deloitte Legal.
La primera mesa estuvo formada por Ignacio Ucelay (Baker Mckenzie), Juan Zornoza (Universidad Carlos III), Iñigo Alonso Salcedo (EY Abogados) e Ignacio Quintana (PWC Tax & Legal). La segunda mesa contó con Silvia López Ribas (DG de Tributos/ MINHAC), Eduardo Sanz Gadea (Inspector de Hacienda), Juan López Rodríguez (TAXUD) y José Ignacio Box (Deloitte Legal).
Este trabajo se ha desarrollado con la ayuda de las Fundaciones de la Asociación Española de Banca (AEB), de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y de las Cajas de Ahorro; con las que se suscribieron sendos Convenios de Colaboración.
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