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Manuel Sánchez de Diego: “Se trabaja más en justificar la opacidad que en ser transparentes”

Organizador del IV Congreso Internacional de Transparencia El profesor Manuel Sánchez de Diego, uno de los grandes expertos internacionales en transparencia, es el codirector del Congreso y "alma mater".
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La cita se ha convertido en un clásico y en un referente mundial. Es el IV Congreso Internacional de Transparencia, que este año se celebrará en Málaga entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre próximos.

Su codirector, alma mater, es uno de los grandes expertos en transparencia, el profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Sánchez de Diego.

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«Calentando motores», el profesor Sánchez de Diego, confía –está seguro– de que esta cuarta edición superará a las tres anteriores. «No me cabe la menor duda», afirma. «El Congreso ha dejado de ser un proyecto y se ha convertido en una realidad. El mundo de habla hispana mira a Madrid cuando hablamos de transparencia.

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¿La transparencia no es un asunto ya superado?

En absoluto, aún tenemos una asignatura pendiente con la transparencia. Todos se apuntan a la transparencia, aunque a veces su trabajo más intenso parece ser impedir el acceso a la información.

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Además los congresos de transparencia y acceso a la información han sido un lugar de encuentro de funcionarios, académicos, miembros de organizaciones no gubernamentales, de los órganos garantes de la transparencia y, en general, de personas preocupadas por la efectiva implantación de la transparencia.

¿Por qué el IV Congreso Internacional de Transparencia se celebra en Málaga? ¿Qué significado tiene esta ciudad en el ámbito de la transparencia?

El Congreso internacional de transparencia tuvo sus dos primeras ediciones en Madrid y fueron un éxito. La tercera edición en Cádiz, también fue un éxito.

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En Málaga se dan las condiciones para repetir el éxito: un Ayuntamiento proclive a profundizar en el Gobierno Abierto, una Diputación que sigue esta misma línea, una Universidad que se ha comprometido con este Congreso y, además, contamos con el apoyo del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Todo ello nos ha llevado a que Málaga se convierta en la sede de este IV Congreso Internacional de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Una persona clave de este congreso es el codirector, Juan Antonio García Galindo, vicerrector de la Universidad de Málaga.

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¿Cuál es el objetivo de que el CIT se haya convertido en un Congreso itinerante?

Creo que es algo positivo que vayamos promoviendo la transparencia y el derecho de acceso a la información pública por toda España.

El hecho de celebrarlo en Málaga, en Cádiz y, quizás en el futuro en alguna otra ciudad de España, es una manera de sensibilizar a la opinión pública y a los gobernantes, puede suponer un pequeño obstáculo para los expertos extranjeros, pero la forma como nos acogen fuera de la capital, compensa cualquier desplazamiento.

Es posible que en ediciones venideras pueda celebrarse en alguna ciudad de Latinoamérica, como por ejemplo de Chile, pues ya que hemos tenido alguna oferta en ese sentido.

«Emplear recursos y abogados en defender la opacidad en algunos asuntos alegando protección de datos, incluso cuando hay una ley que dice que esa información es pública, es algo que debería ser reprobado por la sociedad»

¿Qué destacaría de este IV Congreso Internacional de Transparencia?

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Yo destacaría los temas tratados en congresos anteriores. En el primer Congreso el derecho de acceso como un derecho fundamental, en el segundo Congreso Internacional fue la función esencial de los archivos en la Transparencia y, en el tercer Congreso Internacional de Transparencia, celebrado en Cádiz, se aprobó la Declaración de Cádiz promovida por los órganos garantes de la transparencia de España y apoyada por más de 30 instituciones de la sociedad civil.

En este cuarto Congreso vamos a prestar una especial atención a la correspondencia entre transparencia y corrupción. Algunos asistentes nos hablarán de esa correlación inversamente proporcional entre transparencia y corrupción: a más transparencia menos corrupción.

¿Qué les espera a los asistentes del Congreso?

En el marco de una ciudad maravillosa que se ha abierto al mar y a sus visitantes se van a encontrar con un  Congreso que se estructura, como en ediciones anteriores, en sesiones plenarias y en seminarios de trabajo.

Se han programado ponencias con preguntas como “¿cuáles son los siguientes pasos para conseguir implantar la transparencia?”.

Cuestión que tratarán de responder Lorenzo Cotino, de la Universidad de Valencia, y Helen Darbishire, directora de Access Info en Europa.

Asuntos como los esfuerzos internacionales en la lucha contra la corrupción se abordarán en una mesa de debate en donde participará la periodista Mar Cabra, premio Pulitzer por su investigación sobre los “Papeles de Panamá”.

En los seminarios más reducidos se tratarán temas más concretos, como pueden ser las experiencias en la  implementación de la transparencia, gestión de archivos, la evaluación y rendición de cuentas, la transparencia en el ámbito universitario o la transparencia comparada, por citar algunos temas.

Por otra parte, las actividades culturales y sociales van a  permitir el llamado «networking» y las relaciones entre los participantes.

En esta fórmula, creo que está la clave del éxito del Congreso, porque  la gente que quiere y sabe sobre transparencia nos reunimos en el Congreso Internacional de Transparencia para intercambiar experiencias y, de alguna forma, referirnos a cómo podemos mejorar la democracia.

Pensemos que uno de los indicadores de mejora de democracia es la transparencia y el derecho de acceso a la información, por eso es importante reflexionar sobre ello.

Como experto en la materia, ¿cómo valoraría la implementación de la transparencia en España?

En los últimos años hemos podido detectar un pequeño paso atrás; inicialmente todo el mundo se apuntaba a esto de la transparencia, –había que impulsarla–, y se hicieron unos esfuerzos tremendos en publicidad activa, pero en estos momentos hay una serie de instituciones, ministerios y organismos que trabajan más en justificar el porqué no se da la información, que en preparar la información y ser transparentes.

Lo cual es algo lamentable.

Emplear recursos y abogados en defender la opacidad en algunos asuntos alegando protección de datos, incluso cuando hay una ley que dice que esa información es pública, es algo que debería ser reprobado por la sociedad.

Al menos los comisionados y órganos garantes de la transparencia deberían tener la competencia para sancionar, reprender o publicitar las prácticas opacas de algunos sujetos obligados a la transparencia

Por otro lado, tenemos algunos indicadores de que la transparencia está empezando a funcionar, por ejemplo, los esfuerzos que están haciendo los ayuntamientos para tener portales donde se da información, –aunque hay que estar pendientes de que esa información se actualice– o, por ejemplo en los procesos de selección de los funcionarios, se han introducido temas relacionados con la transparencia.

También es esencial el esfuerzo realizado en la formación de los servidores públicos, que creo que es algo muy importante.

«Las normas de buen gobierno corporativo obligan a las empresas que cotizan en bolsa, a ofrecer a sus accionistas o posibles accionistas aquella información que es relevante»

¿Considera que es necesaria la formación en transparencia y acceso a la información pública?

Sí, desde luego.

Como he dicho, creo que es algo esencial e, incluso, considero que en algún momento debería introducirse en el bachillerato y en la educación secundaria, para que los estudiantes sepan que lo público es de todos y, por lo tanto, sepan que todos ellos forman parte de ese “todo”, teniendo derecho a conocer qué  información está en poder de las administraciones y poderes públicos.

Las excepciones siempre existirán porque habrá zonas de secretos, pero vuelvo a repetir, que empezamos a sospechar que hay una especie de miedo a la transparencia y, realmente, cuando una institución u órgano por sistema procura justificar la opacidad, uno empieza a sospechar que ahí hay gato encerrado.

De hecho, en la Universidad Complutense tenemos el Máster Propio de Transparencia y Acceso a la Información Pública que es semipresencial y se imparte en la Escuela de Gobierno y puede ser un buen lugar para la formación, no solo de funcionarios, miembros de ONGs o periodistas, sino para toda la ciudadanía que quiera comprender que esto de la transparencia es una nueva herramienta, un nuevo factor de impulso de la sociedad en la que vivimos.

¿El sector privado está aplicando el principio de transparencia a su actividad o todavía recela? ¿Cuál es su opinión?

En principio lo privado no es público, es decir, no es de todos.

Pero, cuando se trata de empresas, organismos u organizaciones que tienen funciones públicas están obligadas por la Ley de transparencia.

También hay que mencionar que las normas de buen gobierno corporativo obligan a las empresas que cotizan en bolsa, a ofrecer a sus accionistas o posibles accionistas aquella información que es relevante.

La transparencia también ha llegado a las relaciones entre empresas y consumidores, de forma que la opacidad en las cláusulas contractuales que perjudican a los consumidores son declaradas nulas.

Grandes empresas de las finanzas, seguros… están realizando un esfuerzo en hacer transparentes sus contratos en gran parte por imperativo jurisprudencial.

«Con la trasparencia se busca que la información en manos de los poderes públicos, de las entidades que gestionan dinero público o ejerzan autoridad pública esté a disposición de todos los ciudadanos»

¿Qué reto inmediato tiene la transparencia?

Con la trasparencia se busca que la información en manos de los poderes públicos, de las entidades que gestionan dinero público o ejerzan autoridad pública esté a disposición de todos los ciudadanos.

Una correcta fundamentación de todo ello se encuentra en  el derecho de acceso a la información pública que debe configurarse como un derecho fundamental, que es lo que defendemos casi todos los académicos que trabajamos sobre esto.

Sin embargo, nuestra ley no lo reconoce así y esto nos lleva a que hay que modificar la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Ahora se está haciendo el reglamento, que lleva seis años para redactarse, con al menos tres borradores, y puede ser una pérdida de tiempo.

Creo que habría que entrar en el asunto a fondo, haciendo una modificación de la Ley de Transparencia.

Por otro lado, existe una cierta dejadez de los políticos que no han designado al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), desde el fallecimiento de Esther Arizmendi.

¿Le gustaría destacar algo más?

Fundamentalmente señalaría que la transparencia es una palanca que nos permite llegar a una sociedad democrática más avanzada, en la que aquel que quiera conocer, pueda conocer y pueda saber.

El conocimiento es esencial en la sociedad de la información; si no conocemos, si no sabemos, si no tenemos acceso a la información, nuestra actuación se realiza a ciegas, en las decisiones políticas, en las decisiones económicas, en las decisiones sociales y, por lo tanto, toda esa información que tienen los poderes públicos, tienen que ponerla a disposición de los ciudadanos.

Es una oportunidad de negocio para los ciudadanos, para las personas e incluso para las instituciones públicas, por eso considero que la transparencia que debe ser una de las claves de este siglo XXI.