Vox ha registrado este miércoles en el Congreso sendas iniciativas en las que recoge las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones y en las que, propone, entre otras cosas, que se les reconozca como autoridad.
También pide que les suba el sueldo hasta equipararlo con el que cobran los miembros de este colectivo en Cataluña, mejorar su formación y ampliar y rejuvenecer una plantilla de la que ahora forman parte unas 23.000 personas.
Los encargados de presentar en rueda de prensa la proposición no de ley y la de ley que han registrado han sido la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, el ‘número dos’ del partido y portavoz en la Comisión de Justicia, Javier Ortega Smith, y el diputado por Valladolid Pablo Sáez.
Olona ha destacado que el objetivo de las iniciativas es poner fin a la situación de «absoluta injusticia y abandono» que, ha denunciado, sufren los funcionarios de prisiones.
Para ello, según ha detallado Ortega Smith, es necesario que se les reconozca como autoridad, de manera que si hay dudas ante sus actuaciones «prevalezca el criterio, los argumentos y las pruebas» que ellos aporten.
Insta al Ejecutivo a realizar una convocatoria de empleo público
A través de una proposición no de ley, Vox insta al Ejecutivo a realizar una convocatoria de empleo público para los próximos cuatro años para hacer frente a la falta de personal y las jubilaciones.
«Urge a crear un Estatuto propio para estos funcionarios y que se mejoren los medios de los que disponen para hacer frente a situaciones violentas generadas por los internos», señalan.
En concreto, demandan «guantes anticorte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner y medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones, al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos».
También plantean la creación de una Academia de Estudios Penitenciarios para la formación integral de estos trabajadores y que se derogue una reciente instrucción de servicio que, según Vox, establece «una presunción de culpabilidad sobre su labor profesional».
EP
