El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha requerido personalmente este lunes a las 18.10 horas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que retire la pancarta sobre los presos y con el lazo amarillo, según ha informado el TSJCat.
Un letrado de la Administración de Justicia ha sido quien ha requerido personalmente al presidente, y ahora empieza a contar el plazo de 48 horas fijado por el tribunal para que Torra retire dicho símbolo de forma cautelar.
El presidente del Ejecutivo catalán ha afirmado:
«Cuando se trata de derechos civiles, sociales y políticos, no nos podemos echar atrás y no podemos ceder a la involución que promueve el Estado«, y ha añadido que su compromiso con la libertad de expresión es total, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.
Torra ya anunció el viernes que no retirará la pancarta y que iba a presentar un recurso contra la resolución del TSJCat que le ordena retirarla.
La Sección Quinta dictó el jueves estas medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano en un recurso contencioso por un supuesto incumplimiento de los deberes a los que está sometida la Administración pública de representación del conjunto de la ciudadanía.
En el auto, la Sala admitió la petición y recordó que la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que «las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 de la Constitución».
Torra ya anunció que no retirará la pancarta por los presos del balcón de la Generalitat
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, aseguró estar «modo resistencia civil».
La semana pasada comunicó que se negaba a obedecer la orden dictada hoy por el TSJCat para que retirara de la fachada del Palau la pancarta que pide la libertad de los «presos políticos y exiliados» y que contiene un lazo amarillo.
La Sección Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCat dictaba estas medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano por un supuesto incumplimiento de los deberes a los que está sometida la Administración pública de representación del conjunto de la ciudadanía.
En el auto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat recordaba que la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que «las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 de la Constitución».
A través de un comunicado, Torra justificaba su desobediencia por su compromiso “de defender los derechos y libertades de todo el mundo en todo momento”.
Y recordó que el mensaje de la pancarta es “un pensamiento mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del ‘Govern’ con las personas que sufren represión por haber defendido la democracia”.
