El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, se ha puesto en «modo resistencia civil» y ha comunicado que se niega a obedecer la orden dictada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) para que,en un plazo de 48 horas, retire de la fachada del Palau la pancarta que pide la libertad de los «presos políticos y exiliados» y que contiene un lazo amarillo.
La Sección Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCat ha dictado estas medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano por un supuesto incumplimiento de los deberes a los que está sometida la Administración pública de representación del conjunto de la ciudadanía.
En el auto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCat recordaba que la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que «las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 de la Constitución».
A través de un comunicado, Torra justifica su desobediencia por su compromiso “de defender los derechos y libertades de todo el mundo en todo momento”.
Y recuerda que el mensaje de la pancarta es “un pensamiento mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren represión por haber defendido la democracia”.
El presidente de la Generalitat, que será juzgado por el TSJCat por desobediencia el próximo 18 de noviembre acusado de un delito de desobediencia por mantener la pancarta con el lazo amarillo en los edificios públicos de la Generalitat y en el Palau en periodo electoral, pese a la orden de la Junta Electoral central (JEC) de retirarlos, afirma que “se trata de una reivindicación que también han hecho las principales entidades de derechos humanos internacionales, así como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que insta al Gobierno a cumplir la opinión vinculante, y a hacerle publicidad y difusión”.
El TSJCat recuerda, en su auto, el principio de neutralidad institucional «si bien reforzado en los periodos electorales, debe mantenerse en todo momento».
Constata, asimismo, que la pancarta ha sido colocada notoriamente con vocación de permanencia en la fachada del Palau por «una vía de hecho», ya que la Generalitat no ha justificado que haya habido un procedimiento o resolución previa.
El tribunal tiene en cuenta que no consta que la retirada cautelar de la pancarta vaya a «ocasionar una perturbación grave de los intereses generales o de tercero».
El TSJCat rechaza la recusación de Torra contra un magistrado y propone inadmitir las otras dos
Por otra parte, el magistrado del TSJCat, Carlos Ramos, instructor de las recusaciones planteadas por Torra, en su causa por la citada supuesta desobediencia, ha rechazado la recusación contra su persona y ha propuesto la inadmisión de las otras dos, según un auto.
Torra presentó en un primer momento recusación contra el presidente del TSJCat, Jesús María Barrientos, y la magistrada Mercedes Armas, quienes debían juzgarle por presunta desobediencia por mantener lazos amarillos en edificios públicos en campaña electoral, y posteriormente contra el magistrado designado para instruir dichas recusaciones: Carlos Ramos.
La propuesta de que se rechacen las recusaciones contra Barrientos y Armas, en la misma línea que la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox, ahora se elevará a la Sala Civil y Penal del TSJCat para que se pronuncie definitivamente.
Entre otros argumentos, Ramos considera que deben rechazarse estas dos recusaciones porque ambos magistrados no han decidido sobre la causa previamente y, en el caso de Barrientos, añade que sus manifestaciones sobre la situación política de Cataluña y actuaciones públicas –citadas para recusarle– «carecen de relación alguna con el presente procedimiento».
«Abuso de Derecho»
En el auto, Ramos considera que la recusación contra él constituye «un manifiesto abuso de derecho y un evidente fraude de ley», tal y como ya ocurrió en un primer intento de recusación contra él al inicio del procedimiento.
Acusa a Torra de atribuirle propósitos e intenciones espurias «simplemente, por no haber redactado a su gusto la resolución que, tras concluir la instrucción, puso de manifiesto la existencia de serios indicios de la comisión de un delito».
Este magistrado rechaza ahora la recusación contra él alegando «la inexistencia de cualquier dato, por mínimo que sea» que pruebe que alberga malestar o disgusto contra el presidente de la Generalitat y rechaza que tenga enemistad manifiesta hacia Torra que justifique apartarle.
Sobre el otro argumento de Torra, de que Ramos había sido propuesto como magistrado del TSJCat por el PSC y que por lo tanto tenía interés en que fuera juzgado e inhabilitado porque dicho partido quiere que Torra dimita o convoque elecciones, alega que llegó al cargo a propuesta mayoritaria del Parlament y no de un solo partido.
«No refiere ningún otro dato que pueda sustentar que exista una vinculación entre este magistrado instructor y un partido político por virtud de la cual aliente un interés en seguir sus directrices», ha replicado.
