Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción; hoy es un referente nacional en el mundo legal. Twitter.
Carlos Jiménez Villarejo: «Mientras el ‘Govern’ no renuncie a la autodeterminación, el diálogo con España es imposible»
El antiguo fiscal anticorrupción y miembro de Federalistas d´Esquerres dice que hay sectores de la ciudadanía en Cataluña que no se atreven a reaccionar ante las agresiones
|
05/10/2019 08:00
|
Actualizado: 05/10/2019 12:56
|
Carlos Jiménez Villarejo considera que habría que estudiar la Directiva Europea 2017/541 dedicada a la lucha contra el terrorismo para comprobar si alguna de las conductas que describe como terroristas no tiene reflejo en determinados comportamientos de los miembros de colectivos vinculados al movimiento independentista.
“Yo creo que sí”, afirma el jurista en esta entrevista con Confilegal. No es optimista sobre una vía de negociación entre el Estado y el Govern:
“Tienen que renunciar primero al derecho de autodeterminación y aceptar que Cataluña es una Comunidad Autónoma dentro de un Estado de Derecho. A partir de ahí se pueden estudiar fórmulas. De lo contrario, el diálogo es imposible”.
El antiguo fiscal anticorrupción y miembro de Federalistas d´Esquerres dice que hay sectores de la ciudadanía en Cataluña que no se atreven a reaccionar ante las agresiones e insultos por temor a una reacción violenta.
“Durante años ha existido un gran silencio de la mayoría de la sociedad que ha tenido que sufrir una actitud ofensiva e insultante del movimiento independentista”.
Es un tema que le preocupa sobremanera.
La asociación Impulso Ciudadano presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, exigiendo la retirada de la pancarta “por la libertad de los presos políticos y exiliados” del Palau de la Generalitat. Comenta usted en un reciente artículo que se echan de menos más iniciativas de este estilo. ¿Qué ocurre en la sociedad catalana?
El «Govern» hace ya varios años que está compuesto por la mayoría formal o electoral independentista desde el punto de vista parlamentario, que no social.
Es una mayoría que les favorece a causa de la ley electoral española que aplican sin rechistar, particularmente en las zonas rurales de Lleida y Girona. Es por tanto una mayoría parlamentaria relativa pues no tienen mayoría social.
Pero yo siempre he echado en falta que, en su conjunto, los sectores más conscientes sobre lo que significa la fragmentación, la salida de Cataluña del Estado español y de la sociedad española, presenten una mayor capacidad de reacción –también en los tribunales– ante los sectores ante todo más radicales del independentismo, en este caso representando por los CDR.
¿Cómo interpreta esta falta de reacción?
Los independentistas han generado muchos problemas de todo tipo, lesionando valores protegidos constitucionalmente y penalmente y ha sido insuficiente la reacción de esos sectores pese a que se han visto incluso maltratados o insultados por estos CDR o por un grupo como Arran.
No sé si es que no estaban preparados para esta situación tan crítica y tan agresiva. Acudir a los tribunales supone identificarse como persona o como asociación. Pero es que los sectores más radicales, en ocasiones, generan miedo.
¿Se pueden producir más acciones de respuesta en este sentido?
Puede haber un giro que vaya en esa dirección. Han existido iniciativas similares a esta de la que hablamos porque sé que el Tribunal Supremo anuló un acuerdo del Ayuntamiento de Caldas de Montbui cuando la mayoría independentista acordó que Cataluña era territorio libre y soberano.
Fue recurrido por un colectivo y el caso llego al Tribunal Supremo, que anuló el acuerdo municipal por extralimitarse a las competencias municipales y por no ajustarse a los preceptos constitucionales.
Pero las ve escasas
Son limitadas e insuficientes ante el volumen de la violencia moral y a veces física que se genera en el conjunto de Cataluña, por sectores radicalizados que no tienen problema en producir desde escraches graves a insultos importantes.
Hubo un caso penoso, el del lanzamiento de excrementos contra la Ciudad de la Justicia, afectando a jueces, fiscales, funcionarios y ciudadanos.
Y eso, por ejemplo, no generó que yo sepa ningún proceso penal sobre algo que era claramente delictivo pues era la sede del poder judicial.
O las pintadas, algunas muy duras, como una que tuvo mucho eco y el «Govern» no dijo nada “la justicia española apesta a mierda fascista” (en catalán).
O mire las recientes agresiones a periodistas… Podemos decir que hay sectores que no se atreven a reaccionar porque temen ser objeto de ataques por parte de facciones más militantes del independentismo y no verse amparadas por los tribunales.
Eso puede ocurrir.
«Torra se considera respaldado por parte de la sociedad catalana y eso le lleva a desafiar a las instituciones del Estado, una actitud que le conduce a un juicio penal que ya es bastante para un presidente de una Comunidad Autónoma»
La sentencia que responde a este recurso del que hablábamos al principio ordenaba la retirada de la pancarta, y remitía a criterios del Tribunal Constitucional en cuanto a que las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 de la Constitución. Si una sentencia así se hubiera dictado antes, nos habríamos ahorrado muchos episodios desagradables. ¿No es así?
Naturalmente, nos hubiéramos ahorrado muchos problemas desde hace mucho tiempo porque la actitud del movimiento independentista y sus representantes del Gobierno de Cataluña sobre todo en zonas rurales que son más activistas… es la que es.
No basta con organizar una gran manifestación masiva para demostrar nuestro absoluto desacuerdo con lo que significa la ruptura en Cataluña del independentismo, sino que los ciudadanos debiéramos dar un paso adelante en este sentido y no se da porque sobre todo en las comunidades más pequeñas se sienten y se han sentido maltratados o expulsado de la convivencia ciudadana.
Es muy grave y para dar ese paso hay que tener mucho valor, fortaleza y el soporte de una organización que te garantice que no pasará nada.
La Junta Electoral conminó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por segunda vez a retirar de los edificios públicos lazos amarillos, esteladas y otros símbolos. Este viernes ya se estaban retirando.
Lo tenía que cumplir por no haberlo hecho en su día con motivo de las elecciones generales del 28 abril por reiterada desobediencia hacia la Junta Electoral Provincial de Barcelona.
Fue tal su resistencia que hubo que hacerlo por orden expresa y directa y a través del auxilio policial, pero por ese motivo, Torra se sentará en el banquillo.
No se han movido de su actitud desafiante hacia el Estado desde hace muchos años. Cuando hablaban del Estado estos últimos días con motivo del 1-0, se referían al Estado “represor” o “de la barbarie” de España. Ello da idea de la actitud agresiva hacia las instituciones estatales.
¿Por qué esta actitud de Torra?
Él se considera respaldado por parte de la sociedad catalana y eso le lleva a desafiar a las instituciones del Estado, una actitud que le conduce a un juicio penal que ya es bastante para un presidente de una Comunidad Autónoma.
En declaraciones al digital El Confidencial, el presidente Sánchez ha asegurado: “es evidente que el independentismo es un proyecto político que ha naufragado.” ¿Comparte esta opinión?
Creo que aún no, porque todavía están gobernando, por tanto el naufragio es relativo.
Y gobiernan gracias a la enorme ventaja que proporciona la Ley Electoral española y, aunque deberían haber aprobado en el año 2013 una ley específica para Cataluña según la resolución que adoptó el Parlament, no lo han hecho porque la Ley española les va estupendamente ya que, a partir de una mayoría social ficticia, consiguen tener una mayoría de gobierno real y eso es rarísimo.
Por el sistema “una persona, un voto” no estarían gobernando de ninguna manera. Se benefician de una ley española que menosprecian a fin de mantenerse en el gobierno.
Mantenerse en el poder representa mucho pues aunque no se corresponda con la mayoría social, les permite el control de las instituciones y en particular de la radio y la televisión públicas de Cataluña, es decir, de un aparato de propaganda permanente para difundir sus ideas y mensajes.
La afluencia de participantes tanto a la Diada como a la conmemoración del 1-0 fue menor.
Sí, aquí puede decirse que han naufragado con la Diada, que no tuvo la respuesta que esperaban; y el 1 de octubre tampoco les ha salido bien.
Veremos cuál es la respuesta a la sentencia del «procès». También se observa ese debilitamiento en que hay personas del independentismo que ya no están ahí y vuelven al catalanismo más moderado el que representa, digamos como ejemplo, el PNV para el poder vasco.
Pero siguen y siguen con el poder. Me gustaría que ese naufragio se refleje en las urnas.
Mientras tanto es solo simbólico
¿Por qué los partidos constitucionalistas no presentan un frente común?
El problema está en que el frente común es complejo. Mire la situación de la derecha constitucionalista y catalana, salvo en el caso del resultado excepcional que tuvo Ciudadanos el 21 septiembre de 2017 como el primer partido de Cataluña; en cambio, el impacto del PSC fue menor.
Hoy sería al revés, menor impacto para Ciudadanos y mayor para el PSC. El PP tiene una débil representación y así la seguirá teniendo. El marco político constitucionalista está muy dividido entre el sector de la derecha, Ciudadanos y PP, con los matices que haya que hacer, y el PSC.
Siguiendo con esta reflexión, ¿cuál es la situación de otros partidos de la izquierda?
No tenemos una izquierda constitucionalista clara y evidente. Desde la constitución de Podemos en Cataluña, que siempre fue un partido muy frágil y de poco entidad, y lo que representa el partido de Ada Colau, En comú Podem, al que se sumaba Iniciativa per Cataluña, que prácticamente se ha disuelto.
Lo que queda de la izquierda catalana con raíz constitucionalista está muy difuso y con poca claridad en la expresión de sus ideas. Es una ambigüedad creo que reprobable.
No ha tenido suficiente fuerza y coraje para hacer frente al gobierno independentista en ocasiones y en otras.
Hasta hace poco, el lazo amarillo ha estado colgado del Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Ada Colau, concesión impresentable para un partido constitucionalista.
Esa Izquierda muy débil y confusa es lo que ha impedido crear un frente común contra el independentismo, incluso a nivel parlamentario.
A veces sí votan en contra.
En ocasiones sí que votan contra proclamas independentistas, pero en otras ocasiones o se abstienen o votan a favor.
Como Iniciativa per Catalunya ha desaparecido del mapa, los que quedan, Podem y Catalunya en Comú, aunque gobiernan en Barcelona y en muchos otros ayuntamientos, fundamentalmente con el PSC, en general, dejan ver que falta un frente común de la izquierda claro.
Si le añadimos que la derecha, en el momento actual, presenta un radicalismo verbal poco aceptable, todo esto hace que la mayoría independentista salga adelante.
Tenemos siete detenidos del CDR con indicios de presunto terrorismo por lo que ha trascendido. Desde su experiencia profesional: ¿De qué modo ha ido derivando la situación como para que se haya generado un posible grupo violento?
Yo sobre esto en las últimas páginas del libro que escribí hace un año, «Catalunya, mitos y resistencia», dediqué dos capítulos a los CDR y los calificaba como los representantes de un activismo antidemocrático.
En las últimas líneas de mi libro decía que «el actual momento histórico obliga a la policía judicial y al poder judicial a actuar con rigor y rapidez ante cualquier forma de ruptura del orden constitucional…», lo cual era muy expresivo de lo que quería decir y ponía ejemplos muy claros en base a insultos y ofensas que se producían contra las personas y organizaciones que no eran independentistas.
A esto añado la carta que escribí el 20 de febrero de este año, al director de la Vanguardia, con motivo del lanzamiento de los excrementos en la Ciudad de la Justicia. En ella decía: “El terrorismo está en el trasfondo de la huelga independentista del día 21”.
«No conozco el auto en que han sido investigados los detenidos de la CDR, pero es evidente por lo que ha transcendido en prensa que se han contemplado los tipos delictivos relacionados con el terrorismo»
Lo recuerdo, se refería usted a un sindicato.
Eso es, añadía que la huelga la convocaba un sindicato que apoya siempre al independentismo y citaba a su secretario, Carles Sastre, que fue entrevistado en TV3 como si fuera una personalidad.
Y explican que este hombre tenía unos antecedentes que le impedían dirigir organización sindical ni social alguna o convocar una huelga.
Decía esto porque Sastre el 1 de julio de 1977 fue detenido y acusado por su presunta participación en el asesinato del empresario José María Bultó Marqués.
Tras diversos episodios, el 31 de octubre de 1985 fue condenado por la Audiencia Nacional a 48 años de prisión como coautor de ese asesinato el 9 de mayo de 1977. Y en julio de 1987 volvió a ser condenado a 18 años de prisión por pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas.
Pienso que es preocupante que un gobierno democrático se apoye, para determinadas actividades sociales o sindicales, en una persona con esos antecedentes. Me parece grave.
¿Cómo valora este caso actualmente bajo sumario de los CDR detenidos?
No conozco el auto en que han sido investigados los detenidos de la CDR, pero es evidente por lo que ha transcendido en prensa que se han contemplado los tipos delictivos relacionados con el terrorismo.
Pero si realmente se aprecian hechos relacionados con el terrorismo en personas vinculadas con el independentismo, me parece muy serio en cuanto a que parte del «Govern» ha expresado su solidaridad con estos detenidos.
Una vez más lo que hacen es poner en cuestión la imparcialidad y el rigor del juzgado de instrucción que lleva esta causa.
Y eso es algo que no puede hacer ni el presidente Torra ni ninguno de estos dirigentes, porque supone menospreciar el Estado de Derecho y obviar el poder judicial que concibió Montesquieu, independiente del Estado.
Ignoro cuáles son los delitos que se les atribuyen, pero vistas las conductas observadas en otros momentos de respuestas violentas y masivas como interrupción de vías de comunicación o impedir la circulación ferroviaria ocupando las vías y las estaciones, etc., etc., sin acudir a los tipos penales del Código Penal español, pienso en una Directiva comunitaria a la que deben atender los dirigentes del independentismo.
¿De qué Directiva se trata?
Es la Directiva 2017 /541 de 15 febrero. Está dedicada al planteamiento global de la lucha contra el terrorismo en Europa y entre muchas cosas define los modos del terrorismo y la forma de participar en el terrorismo.
La Directiva habla de conductas como “la destrucción masiva de instalaciones estatales o públicas; del sistema de transporte, de infraestructuras, sistemas informáticos, lugares públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico”.
Estas son conductas que se asemejan a algunas que hemos vivido aquí y no han tenido la respuesta penal que debieran haber tenido.
Pero en esa Directiva comunitaria sobre terrorismo se habla de que, aparte de conductas estrictamente calificadas como terroristas, para que lo sean deben cumplir determinados fines.
Destaco dos: Intimidar gravemente a la población, objetivo que en muchos comportamientos de los grupos ARRAN o CDR en algunos supuestos han conseguido, o el de obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
O también, “desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país”.
¿Sería de aplicación?
Bueno, cabe preguntarse si alguna de estas conductas descritas como terroristas por la Directiva comunitaria, no tiene alguna expresión o reflejo en algunos comportamientos de los miembros de los colectivos vinculados al movimiento independentista.
Yo creo que sí. Basta con repasar cualquier informe que expresa determinado nivel de violencia importante. Creo que tenemos que ir mas allá y ver que hay normas europeas que son de directa aplicación aquí y que seguramente se corresponden con algunos supuestos del código penal.
¿Por qué piensa que el «Govern» no condena esa violencia?
Cuando hablan de que no se puede condenar lo que no existe se niegan a ver lo que ellos mismos han estimulado, que es la violencia.
Mire el caso de Gabriela Serra, diputada de Tarragona por la CUP quien llego a decir cuando hablaba del proceso de constitución de un estado alternativo del 2013 al 2017 “es un proceso durísimo, la ciudadanía debe saber el precio que pagara por la libertad”.
«Si Puigdemont no tuviera ninguna relación con algo ilegal o violento, pues que vuelva. ¿Por qué no vuelve?»
Puigdemont ha dicho en una entrevista de CAT Radio que no ha tenido «ningún tipo de relación» ni ha recibido «material sensible» de los detenidos y que si le hubiese llegado una propuesta de activar la vía violenta, la habría rechazado de forma «automática».
Si él no tuviera ninguna relación con algo ilegal o violento, pues que vuelva. ¿Por qué no vuelve? Que lo haga y los tribunales competentes dirán lo que hay que hacer con él Lo dice desde un país que le protege mas allá de los límites legales europeos. Que venga y lo aclare.
¿Piensa usted que este 1-0 y la menor presencia independentista en las calles puede significar un punto de inflexión positivo?
Un clima de dialogo y de pacto entre el gobierno independentista de Cataluña y el Gobierno del Estado, lo presida quien lo presida, me resulta difícil de concebir si no hay un giro más racional y democrático por parte de las autoridades catalanas.
Es inadmisible que ese gobierno haya asumido una representación inexistente de la mayoría de la sociedad catalana. Es un punto de partida que dificulta el dialogo.
Que reconozcan que representan a una minoría. Siempre citan el supuesto recuento que hicieron (dos millones de personas) en el marco de una votación ilegal, sin control legal de ningún tipo. Aún dando por bueno que fuera así, no olvidemos que Cataluña tiene siete millones y medio de habitantes.
¿Y se podría entablar un diálogo?
Para conseguir una vía que lleve al dialogo, evidentemente el gobierno de Cataluña tiene que tomar algunas resoluciones previas: entre ellas una fundamental: renunciar al derecho a la autodeterminación. Mientras eso no ocurra, ese diálogo es imposible.
Y que acepten que Cataluña primero es una Comunidad autónoma de un Estado democrático y de Derecho regido por la constitución del 78. Son dos exigencias en apariencia mínimas, pero son máximas.
La mayoría formal independentista tendría que dar algunos pasos encaminados a aceptar la realidad de un estado democrático con comunidades autónomas con peculiaridades derivadas de una historia.
Esa historia puede ser compatible con que haya un dialogo con el Gobierno de España para favorecer un nuevo modelo de estado federal en que se reconozcan determinadas competencias más allá de lo que ahora existe.
Hoy por hoy es muy problemático.
Noticias Relacionadas:
