El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha realizado un balance sobre el primer año de la legislatura del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y, en concreto, de su consejería. Un balance en el que el consejero no ha dudado en reconocer que se siente “muy satisfecho” con el trabajo realizado por su equipo.
“Ha sido un año muy intenso”, ha reconocido el consejero madrileño. Un año en el que su consejería ha conseguido poner en marcha “el 96% de las medidas recogidas en el programa de gobierno” para su departamento.
Especialmente, en el campo de la Justicia. Y es que, tal y como ha asegurado García Martín, la Consejería ha actuado en un 90% de las infraestructuras de Justicia en esta legislatura. Ello, sin contar con el aparente apoyo del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños.
Una Justicia “moderna, digitalizada y accesible”
Así pues, el consejero ha destacado “el compromiso del Gobierno regional con la renovación de las infraestructuras judiciales”. Ello, “con el fin de ofrecer tanto a ciudadanos como a profesionales unas instalaciones modernas, digitalizadas y accesibles”.
Compromiso demostrado, en primer lugar, al “desatascar” el proyecto para la Ciudad de la Justicia de Valdebebas.
“Es una de las obras más importantes que realizaremos”, ha destacado ante los medios el consejero. Un proyecto cuya firma de contrato está prevista para este mismo verano, siendo en septiembre cuando se prevé que se presente el diseño del proyecto. Sede judicial que contará con un presupuesto de 683 millones de euros, y que será “el complejo judicial más grande, accesible y sostenible del mundo”.
Sin embargo, no ha sido el único proyecto en el que se ha inmerso esta Consejería en esta legislatura. Así pues, el departamento de García Martín también trabaja en el Palacio de Justicia de Móstoles.
«Será el segundo más importante de España», ha explicado el consejero ante los medios de comunicación. Un proyecto que supondrá 31 millones de euros de inversión, y que podrá albergar 25 juzgados, y otros 7 que serán «reserva» para un crecimiento futuro. Ello, unificando cinco sedes actuales, y con capacidad para atender a cerca de 300.000 vecinos.
En obras también se encuentran los palacios de justicia de Getafe y Torrejón de Ardoz, que entrarán en actividad el próximo año. Obras a las que se unen las construcciones de Collado Villalba, la rehabilitación de Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada, así como la apertura de cinco nuevos juzgados.
Más recursos, sin la ayuda del Ministerio
«El Ejecutivo autonómico ha mejorado en los últimos 12 meses las condiciones laborales de los más de 7.200 trabajadores públicos de la Administración de Justicia», ha asegurado el consejero. Ello, gracias al Acuerdo Sectorial alcanzado con los sindicatos.
Un acuerdo que se suma al nombramiento de más de 1300 interinos para ampliar las plantillas de Fiscalía, juzgados civiles, etc. Y que supone una clara apuesta por mejorar la atención física a la Justicia. Algo que también llega de la mano de la digitalización, aplicada ya en un 90% en la Comunidad de Madrid en relación a los expedientes electrónicos.
«Algo que supone una reducción hasta en un 20% de los actuales tiempos de tramitación» ha explicado García Martín.
Un trabajo, ha lamentado el consejero, que se ha realizado en la Comunidad de Madrid a pesar de la «inacción» del Gobierno central. Y en concreto, del departamento de Félix Bolaños.
«No hemos contado con la ayuda del ministro Bolaños» ha lamentado García Martín. Ni para la Ciudad de la Justicia, ni para el acuerdo con los sindicatos, ni para obtener más plazas para el personal de Justicia. «Lo hemos pedido, pero no hemos encontrado respuesta. Sólo espero que se pongan a trabajar cuanto antes», ha destacado el popular.
Una falta de apoyo de la administración central que se ha marcado especialmente en la financiación, sin que las mejoras realizadas en Justicia de la Comunidad de Madrid hayan contado con la financiación del Ministerio. «Tampoco se nos ha permitido utilizar los fondos Next Generation», critica el consejero.
