Los padres de una niña han llevado a juicio a la Comunidad de Madrid para que se reconozca que su hija sufrió ‘bullying‘ [acoso] de carácter racista, durante diez meses en los que no se activaron los protocolos para evitar casos de acoso escolar.
Además, reclaman una indemnización de 22.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial.
«Queremos trabajar duro para que los demás padres que tengan una situación igual se quejen y puedan cambiar a sus hijos de colegio», ha manifestado el padre de la pequeña a la salida de la vista oral que se ha celebrado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid.
La madre se ha limitado a señalar lo duro que ha sido revivir lo sucedido al estar presente los padres en el desarrollo de la vista, que se ha prolongado durante más de cinco horas.
La familia pide a la Comunidad una indemnización de 22.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por culpa ‘in vigilando’ al no impedir el acoso que sufrió su hija, hechos que comenzaron cuando la pequeña tenía 10 años y se prolongaron hasta que se autorizó el cambio de centro.
La demanda se basa en las presuntas «irregularidades en la aplicación de los protocolos de acoso escolar» en el CEIP Cardenal Herera Oria, situado en la calle Fermín Caballero del distrito Fuencarral- El Pardo.
Durante el juicio, han desfilado ocho testigos, entre ellos la actual directora del centro escolar y la responsable en la época de lo sucedido. También han comparecido varios profesores y tres peritos, entre ellos una doctora pediatra del sistema público sanitario, que habrían respaldado la versión de la familia.
Convivencia escolar «conflictiva y esporádica»
Tras concluir la vista, el letrado que representa a los padres ha detallado que la directora y la anterior responsable han reconocido la existencia de «una convivencia escolar conflictiva» y «esporádica», sin que llegara a ser una situación de acoso por no cumplir los requisitos jurisprudenciales.
«A mi modo de ver y, precisamente lo hemos acreditado, es absolutamente lo contrario», ha recalcado el abogado Pedro Manuel González, quien ha indicado que los padres han querido estar presente en el juicio a pesar de lo duro que es revivir los hechos.
La pequeña se está recuperando, aunque sigue con secuelas psicológicas por lo vivido. «Los padres quieren que se reconozca que hubo una situación de hostigamiento y que les hicieran caso por una vez», ha reseñado.
«El colegio dice que hizo todo lo posible pero con eso no basta. Se habla de dos protocolos. Del primero no hay ni rastro y del segundo, se activó cuando ya terminó el curso», ha señalado.
Además, ha subrayado que le ha llamado la atención que la Inspección Educativa tuviera conocimiento de los hechos diez meses después de que se denunciara lo que pasaba. «Esto fue demasiado tarde para la niña», ha dicho.
Protocolos activados
Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Europa Press que se abrió el protocolo 16/17 respecto al citado centro escolar, determinándose que no era acoso escolar.
De este modo, la Comunidad se puso a disposición de la familia y se procedió al seguimiento de la alumna.
La familia no estaba de acuerdo con el modo de actuar del colegio y solicitaron el cambio de centro, algo que se efectuó. La dirección del centro se cambió en el curso siguiente.
