Blockchain.
Los principales retos en la regulación del «blockchain» explicados
La protección de datos y la propiedad intelectual son las principales cuestiones jurídicas en torno al blockchain
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25/10/2019 10:04
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Actualizado: 25/10/2019 10:42
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La tecnología «blockchain», o cadena de bloques, ha resultado ser más importante por el alcance de sus potenciales aplicaciones que como un mero registro de transacciones de pago en una red, razón de que despierte tanto interés entre las compañías.
Sus ventajas son conocidas -descentralización, seguridad e inmutabilidad- sin embargo, aún genera incógnitas, especialmente en el ámbito legal.
Según el informe ‘Blockchain: riesgos, recompensas y regulación’, elaborado por la firma de abogados Bird & Bird en base a su experiencia en proyectos con esta tecnología, hay que diferenciar dos áreas en las que es necesaria mayor claridad regulatoria.
La primera es la regulación sobre el comercio de criptomonedas y las actividades relacionadas con la recaudación de capital a través de la venta de tokens, mientras que la segunda tiene que ver con la gobernanza de las redes «blockchain» y sus participantes.
“Se necesita regulación para proporcionar una mayor confianza y transparencia a los usuarios; sin embargo, una barrera reguladora alta puede sofocar la innovación, lo que limitaría el potencial del blockchain”, afirma Lupe Sampedro, socia del área de Protección de Datos de la firma y colaboradora en el informe.
Actualmente, para desarrollar cualquier proyecto basado en esta tecnología es crucial comprender la aplicación de la ley existente en el contexto de la protección de datos, los contratos y la propiedad intelectual:
Protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) no hace referencia al blockchain, por lo que ninguna legislación de protección de datos de los países miembros aborda esta tecnología.
De hecho, según el informe de Bird & Bird, blockchain entra en conflicto con algunos de los principios clave del marco legal de la protección de datos, como el derecho al olvido.
«Es esencial que los reguladores europeos vigilen las tecnologías blockchain y emitan más orientación para ayudar a las organizaciones a encontrar un equilibrio entre la tecnología y el marco regulatorio», asegura Sampedro.
Antes de implementar una red blockchain, las empresas deben llevar a cabo un análisis detallado de qué tipo de plataformas de blockchain se adecua mejor a sus necesidades, las categorías de datos que se recopilarán y compartirán en la red y cómo se procesarán.
Algunos de los desafíos planteados por Reglamento General de Protección de Datos a las redes «blockchain» se pueden resolver mediante acuerdos contractuales entre las partes involucradas y las áreas de conflicto -como la imposibilidad de eliminar datos- pueden mitigarse con soluciones tecnológicas como las funciones «hash» criptográficas, que cifran una entrada.
Lo primero que debe decidir una organización es qué tipo de red «blockchain» le conviene más, privada o pública.
Dados algunos de los desafíos que suponen las cadenas de bloques públicas, las organizaciones tienden a enfocarse en redes privadas, que permiten tener más control sobre quién puede unirse a la red.
En este sentido, los contratos ‘del mundo real’ se vuelven más relevantes en términos de gobernar los derechos y obligaciones de las partes interesadas (participantes, desarrolladores, mineros, etc).
Propiedad intelectual. Es clave comprender quién posee la propiedad intelectual en relación con el software que sustenta una red blockchain y quién puede usar, explotar y hacer cumplir tales derechos.
Para las tecnologías blockchain, la propiedad intelectual principal comprende patentes, derechos de autor, información confidencial o secretos comerciales y derechos de bases de datos.
Muchas jurisdicciones restringen la patentabilidad del software, los algoritmos y los métodos comerciales a los que se pueden aplicar las tecnologías «blockchain».
En cambio, puede ser mejor usar los derechos de autor, que se generan automáticamente y protegerán el software como secreto comercial.
La regulación de «blockchain» provoca un intenso debate, particularmente en relación con las criptomonedas y otros «criptoactivos» que no están gobernados por los marcos normativos existentes.
En muchas jurisdicciones, los reguladores buscan abordar las inquietudes en este aspecto, pero no prestan la misma atención las aplicaciones comerciales generales de las tecnologías blockchain, donde la regulación específica se considera innecesaria.
“En el caso de España, existe una regulación fragmentaria para cada sector”, explica José Luis Lorente Howell, Jefe de Banca y Finanzas en Bird & Bird y colaborador en el informe, “pero no hay una regulación armonizada y los reguladores en diferentes sectores aún no están actuando», dice.
«En términos de servicios financieros, existe una preocupación por parte del consumidor, el inversor y la perspectiva de las comunicaciones electrónicas, pero la CNMV aún no ha implementado la regulación».
Seguridad e impuestos
Otro de los puntos críticos en torno al «blockchain» es la seguridad que en teoría brinda esta tecnología (es difícil falsificar una firma digital o reescribir el historial y permite detectar intentos de editar transacciones).
Sin embargo, la robustez de la tecnología criptográfica puede dar lugar a una falsa sensación de que las redes blockchain de alguna manera pueden ser inmunes a cualquier ataque.
Según el informe, no importa cuán complejos sean los algoritmos matemáticos o cuán innovador sea el software, siempre hay un elemento humano que genera riesgo: las claves privadas se pueden copiar.
Por otro lado, atendiendo a los potenciales usos del blockchain, destaca la posibilidad de su aplicación en el área de impuestos.
Las ventajas para las organizaciones es que podrían ahorrar costes y ganar eficiencia, ya que los contratos inteligentes podrían automatizar el procesamiento del impuesto sobre la renta y aplicarse en impuestos sobre transacciones como el IVA.
Sin embargo, existen desafíos en la migración a un sistema fiscal basado en blockchain: requeriría un desarrollo significativo de redes y bases de datos gubernamentales, y por otro lado una reforma en las leyes fiscales.
Algunos gobiernos, como Estonia, Tailandia, Singapur e India, ya han comenzado a experimentar con soluciones basadas en blockchain para la presentación de impuestos y auditorías.
Al analizar el futuro de las tecnologías blockchain, los gobiernos y los reguladores deberán establecer una distinción cuidadosa entre dónde se necesita realmente una nueva regulación para minimizar el riesgo y proporcionar protección, y dónde las leyes existentes ya cumplen esas funciones.
Una nueva regulación, debe tener como objetivo proporcionar confianza, estabilidad y certeza para los usuarios en todos los sectores y, por tanto, los abogados tendrán un papel clave que desempeñar en el futuro de esta tecnología, señalan los expertos de Bird & Bird.
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