La Fiscalía General del Estado pedirá a la Fiscalía Anticorrupción que se encargue de la causa en la que se investiga a Francisco Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions y hermano del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig.
También se investiga al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al valenciano.
Este procedimiento fue abierto por un posible delito de malversación en mayo de 2019 y parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a mercantiles que habrían recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 «sin ningún tipo de control».
La FGE va a interesar que las actuaciones sean asumidas por la Delegación de Valencia de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía General del Estado, previo informe de la Jefatura, a la vista de los delitos imputados y estando entre los querellados un alto cargo de la Generalitat, va a interesar que las actuaciones sean asumidas por la Delegación de Valencia de la Fiscalía Anticorrupción.
La causa está siendo instruida por parte del Juzgado de Instrucción nº4 de Valencia que ha acordado declararla compleja, lo que significa que la misma tendrá un plazo de 18 meses y podrá prorrogarse por igual plazo o uno inferior a instancia del ministerio fiscal y previa audiencia de las partes.
En la querella, firmada por la diputada ‘popular’ Eva Ortiz, se solicitaba el inicio de una investigación penal para analizar la documentación que acreditara la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que «no se cumplían los requisitos exigidos».
«Actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig»
También se pedía investigar «las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones».
Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs (Castellón) –ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella– pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial.
Posteriormente, se presentó en Valencia y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs.
Al final, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó que debía quedarse la causa en Valencia.
