La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) han lanzado un proyecto, por el que requiere la colaboración de todos los miembros de la carrera judicial, con el objetivo de elaborar un mapa de plazas vacantes en todo el territorio nacional.
Sobre esta información el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) guarda una absoluta opacidad.
«Es una pregunta que permanece sin respuesta, pese a que en el 12 de febrero de 2016 las cuatro asociaciones judiciales así se lo solicitaron formalmente», dice la PCIJ, organización transversal formada por jueces, fiscales, juristas y ciudadanos de la que es presidente el abogado Agustín Azparren -magistrado en excedencia y exvocal del CGPJ-, vicepresidenta la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, y secretario general Jesús Villegas, magistrado de Violencia de Género.
«Ese silencio, en abierta incongruencia con la política de transparencia que retóricamente predica el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, constituye una inaceptable muestra de opacidad«, añade.
«Es más, alimenta las críticas de corruptelas en la provisión de puestos judiciales, que también convergen sobre la aprobación de refuerzos para determinados órganos judiciales así como sobre la elección y el nombramiento con opacidad del juez de refuerzo mediante comisión de servicios», apunta la PCIJ.
En consecuencia, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial hace un llamamiento a la carrera judicial para sean ellos mismos, los jueces, quiénes elaboren dicho mapa.
Y dirigidos a la carrera judicial, dicen: «Pedimos voluntarios, cuyo anonimato se garantizará en todo momento, para la puesta en marcha de este proyecto de cartografía de la transparencia. Y, muy en particular, recabamos la ayuda de las asociaciones judiciales, pioneras de la iniciativa».
CÓMO SE GESTARÁ EL MAPA DE VACANTES
Dicho mapa se llevará a cabo con arreglo a las siguientes bases:
1ª. Se recogerán datos tanto de vacantes como de refuerzos aprobados por comisiones de servicio.
2ª. Por cada una de las provincias habrá un grupo de uno o varios voluntarios, cuyas identidades permanecerán en el anonimato, que recojan los datos correspondientes a su territorio.
3ª. Los datos recogidos en cada provincia se plasmarán en un mapa nacional que se mantendrá regularmente actualizado.
4ª. Dicho mapa judicial, con sus actualizaciones, será publicitado a través del correo electrónico a toda la carrera judicial a fin de que tenga conocimiento de su contenido íntegro. En particular, se intentaré difundirlo en momentos señalados, como durante la convocatoria de concursos de traslado o ante la oferta de comisiones de servicio.
5ª. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, a vista de los datos recabados, se compromete a denunciar públicamente cualquier irregularidad o disfunción que pueda producirse en torno a determinadas vacantes judiciales o determinados refuerzos y cuya cobertura no se adecue a la debida transparencia, a la aplicación de las normas legales u obedezca a cualquier suerte de arbitrariedad o anomalía jurídica.
De acuerdo con la PCIJ, este estado uno de los proyectos más ambiciosos de transparencia.
«En la misma senda que ya recorrieron los prestigiosos Observatorios de nombramientos judiciales o de comisiones de servicio de la Plataforma. Nace, no de un Consejo que nos gobierna pero al que no hemos elegido, sino de las bases de la carrera judicial», afirman.
«Insistimos, pues, en la necesidad de la máxima colaboración, pues precisa de una infraestructura y capacidad organizativas de gran envergadura. Estamos seguros de que las asociaciones judiciales prestarán sus mayores medios para una causa de consenso como es ésta», concluyen.
