Chile corre peligro de ceder a las presiones sociales de los sectores más radicales y violentos que lideran las protestas, lo que provocaría una pérdida de competitividad dentro de los mercados internacionales y una desconfianza de la clase empresarial.
Estas son las principales conclusiones del estudio que el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha realizado y que presentaron ayer en el Club Financiero Génova de Madrid su vicepresidente y director general, Valeriano Gómez; el vicepresidente ejecutivo, Jesús Sánchez-Lambás; y el director de Análisis, Carlos Díaz-Güell.
Sánchez-Lambás recordó, durante su intervención, que Chile sigue siendo uno de los países más fuertes y solventes de Latinoamérica, pese a su excesiva dependencia de las materias primas lo que conduce al país, de forma cíclica, a recesiones en su economía.
“Desde el mes de octubre, la violencia en la calle ha puesto en jaque al gobierno chileno. Un descontento social que parece expandirse por todo el mundo en un contexto de varios países que han sido escenario de protestas antigubernamentales con alto grado de violencia Bolivia, Colombia, Chile y también Hong Kong”, enfatizó Sánchez Lambás.
En este sentido, el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas apuntó: “Los manifestantes, con legítimas demandas, son sobrepasados por pequeños grupos radicales que hacen del espacio público de convivencia un escenario de guerra que acaban obligando a los gobiernos a sucumbir a sus presiones. Esto, en el caso de Chile, puede acarrear terribles consecuencias a nivel social y macroeconómico».
«Cediendo a las tendencias populistas y adoptando medidas impropias de las economías sociales de mercado, Chile perderá la inversión extranjera que tanto ha ayudado a crear empleo, a desarrollar las infraestructuras, a mejorar la calidad de los servicios y, en definitiva, a reducir las desigualdades sociales”, añadió.
La preocupación por el devenir de Chile y de Latinoamérica fue el eje que motivó este trabajo, explicó Sánchez-Lambás.
REFORMAS
“Chile debe afrontar importantes reformas que precisamente ayuden a seguir fomentando la creación de negocios y la inversión extranjera. No puede ceder a la violencia callejera, debe seguir siendo líder en la región”.
El país andino es un referente dentro del liberalismo económico, un modelo que ha cimentado una macroeconomía fuerte y estable que ha permitido reducir progresivamente las desigualdades sociales.
Por ese motivo, Chile debe seguir apostando por unas políticas económicas potentes que estimulen la inversión y el desarrollo empresarial, se dijo en ese marco.
Un estímulo que debe acompañarse de una simplificación de los mecanismos de control y de la excesiva burocratización que actualmente restringe la actividad de las empresas concesionarias en Chile.
Chile debería apostar por la diversificación industrial, intentar dejar atrás la dependencia del cobre, y tratar de abrirse a otros sectores que permitan crear empleo de calidad con un capital humano especializado.
En este sentido, el director general de la entidad, Valeriano Gómez, señaló que el análisis económico presentado por el Instituto Coordenadas, plural y apartidista, es un pequeño punto de partida para avanzar en constructivo, liderando la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de Chile y del mundo.
Carlos Díaz-Güell, uno de los autores de dicho informe, agregó que Chile presenta acusadas deficiencias en I+D+i, que cuenta, además, con una mano de obra poco cualificada y una red de infraestructuras y servicios energéticos todavía insuficiente.
En este sentido, el autor apuntó: “Para Chile es prioritario invertir en innovación y mejorar las fórmulas de colaboración entre Estado y sector privado y debe reforzar el mercado laboral para profesionalizarlo. Para mantener los niveles de crecimiento económico y que estos redunden en una mayor igualdad social, Chile debe reducir los riesgos externos, optando por la movilidad laboral, mejorar el sistema de pensiones, fortalecer el sistema financiero y apostar por la consolidación fiscal mediante un ordenamiento tributario justo”.
