La Asociación de Abogados del Estado defiende al cuerpo frente a las opiniones contra la cesión a las exigencias de ERC
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29/12/2019 00:00
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Actualizado: 29/12/2019 00:00
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El Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado (AAE), que preside Fernando Bertran Girón, ha hecho público un corto comunicado en el que dice rechazar las presiones o injerencias para condicionar el escrito de alegaciones que tiene que presentar entre el 2 y el 3 de enero próximos ante el Tribunal Supremo sobre los efectos que debería tener la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras.
«Ante las recientes informaciones publicadas, el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado«, dice el comunicado.
Y añade: «Los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une».
ERC ha puesto como condición al PSOE, para abstenerse en la votación de investidura –y hacer posible la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno– que la Abogacía del Estado, en su escrito de alegaciones, reconozca la inmunidad de Junqueras, como eurodiputado, y solicite su puesta en libertad, así como que solicite la nulidad del juicio a los responsables del «procés» por considerarlo «injusto».
La elaboración del comunicado no ha sido pacífica, según ha podido saber Confilegal.
Una frase, rechazando que se pueda insinuar que el criterio de la Abogacía del Estado no podía constituir moneda de cambio para un partido político, fue rechazada por la mayoría del Consejo Directivo.
Junqueras fue condenado, el pasado 14 de octubre, a 13 años de prisión y de inhabilitación para cualquier cargo público, por los delitos probados de sedición y malversación de fondos públicos.
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