Además de la modificación del sistema de oposiciones, el futuro gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, ha establecido como prioridades la gestación de un Pacto de Estado para la Modernización de la Administración de Justicia, la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que establece plazos para el desarrollo de la instrucción, y la restitución de la justicia universal, aunque no especifica la medida.
El epígrafe, «Justicia eficaz», del programa «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España», suscrito por Pedro Sánchez, por el PSOE, y por Pablo Iglesias, por Unidas Podemos, ocupa apenas diez líneas en un documento de 49 páginas.
No especifica en qué consistiría el Pacto de Estado citado ni qué comprendería ni en qué plazo se llevaría a cabo.
Es un planteamiento genérico y, hoy por hoy, es una incógnita.
RESTITUCIÓN DE LA JUSTICIA UNIVERSAL
Tampoco especifica cual será la profundidad de esta reforma.
Si se eliminará la reforma de 2014 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy, que limitó de una forma drástica las condiciones por las que un juez español podía investigar los delitos cometidos fuera del territorio nacional.
Una reforma que se generó por las protestas del Gobierno chino ante las investigaciones que realizaba la Audiencia Nacional sobre el genocidio del Tíbet.
O si, por el contrario, también se regresará a la forma original, suprimiendo también la reforma que llevó a cabo en 2009, del mismo artículo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –con apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV– que introdujo como condición que los jueces españoles podían perseguir delitos de especial gravedad (genocidio, lesa humanidad y crímenes en tiempo de guerra) sólo si el autor de dichos hecho estaba en territorio español, si la víctima era española o si existía un «vínculo de conexión» con España.
La modificación se aprobó después de que la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa de su homónimo español, Miguel Ángel Moratinos, con el fin de que se archivara el caso contra soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 324 DE LA LECRIM
En 2015, el gobierno de Rajoy modificó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que calificaba las causas en no complejas, que debían instruirse en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, y en causas complejas, cuyo plazo de investigación se preveía de 18 meses con una prórroga de otros 18 meses, si fuera necesario.
Ha sido un artículo muy criticado porque, según sus detractores, aboca a las investigaciones a un callejón sin salida.
Las asociaciones de fiscales y de jueces han venido reivindicando su modificación a lo largo de los últimos años.
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Uno de los primeros en reaccionar ha sido Rafael Catalá, secretario ejecutivo de Justicia del PP: «Si la reforma de la justicia universal, la supresión de los plazos para la instrucción de las causas penales, la revisión del sistema de selección y oposiciones de los jueces (sin decir en qué sentido será la reforma) y un genérico compromiso para la modernización de la administración de justicia (no un verdadero Pacto para la Reforma de la Justicia con mayúsculas) son las prioridades y los proyectos del futuro gobierno de España, ya sabemos cuál es la importancia que dan los socialistas y los radicales de izquierda a la Justicia y cuáles creen ellos que son los problemas que tiene el poder judicial y el servicio público de la Justicia».
