Los sindicatos no dan tregua a Sánchez: Quieren que convoque la mesa del diálogo social y se derogue la reforma laboral
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13/1/2020 00:00
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Actualizado: 13/1/2020 00:00
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Aclarado ya el panorama en el ámbito laboral, con dos Ministerios, uno de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, que, en principio mantendrá la inspección de trabajo y Seguridad Social bajo su tutela, y otro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, de nueva creación que tendrá a José Luis Escrivá como titular, los acontecimientos se suceden de forma inmediata.
La justificación la daba el propio Pedro Sánchez ayer, en una comparecencia sin preguntas en Moncloa, al señalar la necesidad de crear un nuevo marco laboral y reforma del Estatuto de los Trabajadores y al mismo tiempo asegurar la viabilidad de las pensiones “tareas importantes que se han separado para que sean más operativas en su funcionamiento”.
Desde los sindicatos se pide al nuevo Ejecutivo que se ponga en marcha.
Es el caso de Unai Sordo, secretario general de CCOO quien afirmaba este fin de semana la necesidad de que «al día siguiente de tomar posesión, el Gobierno tiene que convocar la mesa del diálogo social».
Por este motivo, reclaman una reunión inmediata con el nuevo Gobierno.
En la agenda, subrayado con rojo de los sindicatos está en el empleo y la precarización del mercado laboral con un desempleo por encima de los tres millones de ciudadanos, uno de los más altos de la UE.
La lucha contra la precariedad y la temporalidad es su objetivo principal y achacan a la reforma laboral del 2012 impulsada por el PP dicha situación inestable.
En el documento programático que suscribieron PSOE y Unidas Podemos como socios de este gobierno de coalición, hay medidas que de aprobarse supondrían un golpe duro a dicha reforma laboral.
Nuestra publicación consultó a varios juristas quienes no estaban muy de acuerdo con dicha derogación por romper la flexibilidad del mercado laboral.
Sin embargo, las declaraciones tanto de Sánchez, como de su socio Iglesias en los últimos meses han sido contra dicha reforma laboral.
Ahora los sindicatos quieren que de las palabras se pase a los hechos.
Así lo comentaba Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical Confederal de UGT quien comentaba públicamente que «ahora es el momento de su derogación. Ya tenemos un gobierno progresista».
El primer elemento que escuece a los sindicatos y que parece que el propio Gobierno de Sánchez en los próximos días podría estar dispuesto a suprimir por decreto ley el articulo 52 del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido objetivo por absentismo laboral.
Una situación que volvió al primer plano tras una sentencia reciente del Tribunal Constitucional con varios votos particulares que cuestionaban ese fallo que justificaba el despido de una trabajadora enferma al poner por encima del derecho del trabajador la productividad de la empresa.
En este contexto, durante 2019 el papel de los jueces de lo social ha sido clave para entender cuestiones nuevas de la normativa laboral, como el control del registro de jornada horaria, con mucha polémica aceptado por los empresarios y la llamada jornada a la carta, derecho del trabajador a modificar su jornada que sí ha generado mucha litigiosidad, al modificarse el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.
SE COMPLICAN LAS RELACIONES ENTRE EMPRESA Y TRABAJADOR
Esta nueva normativa ha complicado las relaciones entre empresa y trabajador y en principio el Gobierno de Sánchez seguirá respaldando estas medidas con el apoyo del cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que, pese a las condiciones precarias en las que realizan su trabajo, volverán a ser claves este año para defender los derechos laborales de los trabajadores.
Otra cuestión espinosa que levantara ampollas entre los sindicatos y las patronales CEOE y CEPYME tiene que ver con el salario mínimo interprofesional.
Situado ahora en 900 euros, la idea que tiene el Gobierno de Sánchez es que acabe la legislatura y esté ya situado en 1200 euros.
Lo primero, subirlo a 1000 euros este 2020.
En este asunto también CCOO y UGT ya han manifestado su interés en que se mejore dicho salario mínimo interprofesional, incluso sin contar con la CEOE. Los empresarios por su parte, se oponen a dicha subida y a perder la flexibilidad de la reforma laboral.
Tanto Antonio Garamendi, presidente de la patronal, como John de Zulueta, principal mandatario del Círculo de Empresarios, muestra su preocupación ante los movimientos que la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pueda hacer sin una negociación previa entre las partes.
Como argumentos de sus puntos de vista insisten en que un país como el nuestro dejaría de ser competitivo.
Las declaraciones de Rosa Santos directora de relaciones laborales de la CEOE han remarcado que ahora se compite en un mercado global donde las empresas españolas deben poder adaptarse en las mismas condiciones que las alemanas o chinas.
El propio Garamendi, que será invitado del FORO ICAM, mañana martes, donde explicará su visión de lo que los empresarios esperan de este nuevo Gobierno , también ha señalado en algunas comparecencias suyas la necesidad de penalizar la creación de empleo y vigilar la fiscalidad para que no lastre a las empresas.
Para los empresarios, el escenario actual es complejo por diversas situaciones.
En primer lugar, está las repercusiones de un Brexit que se hará efectivo en unos días, aunque haya un periodo de transición de un año hasta el abandono definitivo del Reino Unido, pero que reducirá la actividad de las empresas españolas.
Junto a ello se percibe ya una cierta desaceleración de la economía a nivel internacional. Una cuestión de la que ya nuestra publicación se hizo eco en el último Congreso de ASNALA, celebrado en Segovia.
Ante esa desaceleración los empresarios piden al nuevo Gobierno «rigor presupuestario y ortodoxia económica».
Desde la CEOE también se insiste que uno de los temas «clave» que deberá afrontar el nuevo ministro es el de las pensiones y consideró «fundamental» y «urgentísimo» que se vuelva a formar el Pacto de Toledo, que «saltó por los aires».
Al mismo tiempo señalan los empresarios que el asunto de las pensiones «necesita pactos de Estado» en los que participen el Gobierno y la oposición.
En este sentido la elección de Escrivá es, sin duda, uno de los mayores conocedores de la Seguridad Social para este nuevo Ministerio ha sido acogido con satisfacción por todos los interlocutores.
Todas las fuentes consultadas por este diario señalan que hay pocos economistas que dominen mejor no sólo la situación de las pensiones sino del gasto público en España. Su paso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entidad de la que fue presidente desde el 2014, le ha ayudado estudiar en profundidad la situación de las cuentas públicas.
PLATAFORMAS DIGITALES, EN EL PUNTO DE MIRA
Desde la CEOE se es consciente que hay que ir quitando crispación a la situación creada en la investidura de Sánchez y que ésta tendrá que ser una legislatura donde se alcance distintos pactos entre Gobierno y oposición.
También resalta que esta patronal trabajará «con independencia, sentido de Estado y lealtad institucional».
El mundo de las relaciones laborales este 2020 estará lleno de alicientes y noticias.
No podemos dejar de esbozar en esta información la situación de las plataformas digitales y sus repartidores, en un escenario judicial dividido, con sentencias en ambas direcciones en relación con su laboralidad.
La entrada en vigor hace un año de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, junto con algunos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea protegen mejor la intimidad del trabajador.
Un aspecto que ha hecho que en las empresas los responsables de recursos humanos trabajen codo con codo con los expertos en privacidad.
Se espera con interés la Guía de privacidad y relaciones laborales que la Agencia Española de Protección de Datos está a punto de publicar, como lugar de referencia para que las empresas sepan qué pueden hacer en materia de control de trabajadores.
Habrá que ver si realmente este Gobierno progresista realiza una reforma y en que sentido para adaptar a estos profesionales en el marco laboral actual.
Una reforma que podría realizarse en los primeros cien días de este nuevo Ejecutivo.
Dicha adaptación normativa podría suponer ir desde la creación del trade digital que demandan las plataformas y algunos lobbies cercanos o, como señalan los sindicatos, convertirlos en laborales, siguiendo el articulo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Pronto saldremos de dudas.
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