De los ocho candidatos, el único que tiene derecho a voto es Manolo Hernández, como decano del Colegio de Abogados de Sabadell, Barcelona.
Manolo Hernández, decano de Sabadell y candidato a la Presidencia: “Hay que cambiar al CGAE de arriba a abajo”
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16/1/2020 00:00
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Actualizado: 16/1/2020 00:00
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Manolo Hernández, decano del Colegio de Abogados de Sabadell, ha esperado en su pueblo de Hervás, Cáceres, a que llegue el día 17 de enero, cuando han sido fijadas las elecciones al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Hoy jueves, ya estará en Madrid, porque hay comisiones de trabajo de la abogacía institucional que reclaman su atención.
Desde las redes sociales, especialmente Twitter, ha lanzado su mensaje como candidato y ha dado a conocer su programa electoral que tiene colgado en su «blog».
“Encaro estas elecciones con optimismo y realismo. Sé a lo que me enfrento e intentaremos trasladar nuestras ideas de cambio a otros compañeros decanos que son los que votan», afirma con mucha seguridad.
¿Qué visión cree que tiene la abogacía del CGAE?
No nos tenemos que engañar, el CGAE no solo tiene un problema de comunicación, que también existe. Es un problema de hacer y de operativa, también.
Le pongo un ejemplo, si el CGAE fuera decisivo de cara a lograr una reforma legal que permitiera a los abogados y abogadas conciliar y lograr las ansiadas las vacaciones judiciales, no habría falta comunicar. La abogacía lo sabría y no haría falta comunicar nada.
Pero cuando el trabajo falla, por mucho que intentes comunicar es complicado que te escuchen. Hay que trabajar en ambas direcciones al mismo tiempo para mejorar la imagen que tiene la sociedad y la abogacía del CGAE.
¿Qué cambios plantea entonces en su programa electoral para este organismo?
Hay que cambiar al CGAE de arriba a abajo. Creo que nuestra profesión de abogados debería tener una representación institucional a la altura de las necesidades y pasión con la que ejercemos dicha actividad profesional.
Soy consciente que no se podría realizar el ciento por ciento de mi programa, pero hay que plantearlo para poder conseguir todo lo posible.
De estos cambios, a nivel interno hay que proceder a retirar el proyecto del Estatuto General de la Abogacía o que el Ministerio de Justicia lo devuelva.
De nuevo no tiene nada.
Lo que hay que redactar es un nuevo proyecto de Estatuto General de la Abogacía que represente nuevos valores de democracia, transparencia y eficacia que son posibles y hay que conseguir.
Solo desde dicho Estatuto y del Régimen Interior que desarrollaría un Código de Buenas Prácticas podríamos construir un nuevo CGAE para que la abogacía tenga la representación institucional que se merece y con la que se pueda sentir identificado.
Tenemos que ser influyentes como corporación siempre y al máximo.
«Con el actual artículo 9.2 de la Ley de Colegios Profesionales no se podría hacer esa elección directa del presidente del CGAE por todos los abogados. Si se retirara el nuevo Estatuto General de la Abogacía se podría incluir, en el nuevo, uno que incluyera el doble sistema de elección»
Sobre la elección a presidente del CGAE, ¿se podría realizar directamente por todos los abogados de España o estamos hablando de una utopía?
Es factible hacerlo. Es cuestión de voluntad política.
Sin embargo, hay que darse cuenta de que con el actual artículo 9.2 de la Ley de Colegios Profesionales no se podría hacer esa elección directa del presidente del CGAE por todos los abogados.
Lo que habría que hacer es tener la capacidad de influencia para modificar dicho artículo.
Si no lo tenemos es que estamos fallando en algo importante.
Otra cuestión que se podría hacer es en el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española retirando el existente, se incluyera un doble sistema de elección.
En dos fases, sería la elección, en la primera en cada colegio se votaría el candidato más adecuado.
Una vez que ganase uno u otro, el decano recibiría un mandato imperativo para que el día de las elecciones votase a ese candidato que hubiera tenido más votos en las elecciones en el cada colegio.
De alguna forma de manera indirecta podríamos lograr que los abogados pudieran elegir al presidente del CGAE.
Habría además que establecer un sistema de corrección del voto proporcional para que los grandes colegios no puedan imponer a sus candidatos y así todos los colegios tengan el peso que tienen a la hora de elegir al propio presidente del CGAE.
Ese factor existe en la ley electoral española.
Si usted fuera elegido presidente,¿qué medidas tomaría en sus primeros cien días al frente del CGAE?
Ya hemos hablado del plano interno y de la retirada del Estatuto General de la Abogacía y la aprobación de un Código de Buenas Prácticas que no tenemos.
Y a nivel de ejercicio profesional dar solución a los problemas retributivos del Turno de Oficio, tanto en el importe de los baremos como en la prontitud de los pagos.
Otra medida la enfocaría sobre la conciliación y las vacaciones judiciales con modificaciones de rango de ley, comenzando por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se trata que los abogados y abogadas tuviéramos los mismos derechos que tiene cualquier trabajador autónomo.
También es importante rescatar el proyecto de Ley Orgánica de Derecho a la Defensa y plantearle esta cuestión al nuevo Ministro de Justicia, al igual que la necesidad de un Pacto de Estado por la justicia del que la abogacía debe ser protagonista.
Sobre el nacimiento del movimiento Red de Abogadas y Abogados, del que usted ha sido testigo, ¿cree que el CGAE debería tender puentes hacia dicho colectivo?
Debería hacerlo, pero no habrá acercamiento, por lo menos por el momento. Quien le habla presentó, en el último Pleno de diciembre del CGAE en el que convocaron de forma tan sorprendente estas elecciones, una propuesta, tras haber acudido a su Congreso fundacional de Córdoba, sobre este acercamiento a este colectivo que fue rechazada por unanimidad.
«Otra medida la enfocaría sobre la conciliación y las vacaciones judiciales con modificaciones de rango de ley, comenzando por la Ley de Enjuiciamiento Civil»
¿Es partidario de una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita?
Es necesaria, ya no podemos seguir con esta norma que es de 1996.
El sistema hay que mantenerlo como servicio público porque ha funcionado y debe estar coordinado por los Colegios de Abogados como está ahora.
A partir de esta premisa hay que mejorar el sistema, porque la retribución del Turno de Oficio debería estar de acorde a la calidad con la que se presta.
Es un servicio público de la Administración de Justicia para los más desfavorecidos. Debería estar mejor considerado.
¿Qué opinión le merece el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo?
Estoy esperanzado con la llegada del nuevo ministro de Justicia. Creo que se podrán llegar a acuerdos importantes, tanto a nivel de Pacto de Estado por la Justicia como también en distintas reivindicaciones de la abogacía que acabo de comentarlas.
¿Qué importancia tiene esta Ley Orgánica sobre el Derecho a la Defensa?
Es una Ley importante para salvaguardar nuestra actividad como abogados y defender los derechos de los justiciables.
Es posible que la situación de interinidad que ha tenido el país haya frenado su aprobación. Esperemos que en esta legislatura esté aprobada.
Es fundamental que la abogacía pueda desempeñar su trabajo sin cortapisas y que al mismo tiempo los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos tengan acceso más sencillo a la justicia para defender sus derechos.
¿Cuál va a ser el papel de la abogacía en dicho Pacto de Estado?
Creo que todos los operadores jurídicos coinciden en que un Pacto de Estado por la Justicia es clave para mejorar la situación de la administracion de justicia.
Es fundamental lograr ese consenso para que las reformas e inversiones que se hagan se mantengan en los próximos años.
En este contexto, el papel de la abogacía debe ser clave a través del CGAE como su órgano institucional principal que representa a los distintos colegios de abogados del país.
Esto va a suponer un esfuerzo extraordinario para mejorar las relaciones existentes tanto a nivel político como con el resto de operadores jurídicos.
Como abogacía institucional es nuestra obligación trabajar en esta dirección para así defender los derechos y reivindicaciones de nuestros abogados y abogadas.
Sin una abogacía libre y cualificada profesionalmente que pueda hacer su trabajo sin cortapisas los derechos de los ciudadanos no serán plenos.
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