El Gobierno nombra a Amaya Arnáiz, profesora titular de Derecho Procesal, directora de Gabinete del ministro de Justicia
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17/1/2020 00:00
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Actualizado: 28/1/2020 15:00
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El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto por el que se nombró a Amaya Arnáiz Serrano, de 44 años, profesora titular de derecho procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, directora del Gabinete del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.
Arnáiz Serrano fue vocal asesora de Francisco Caamaño, ministro de Justicia, entre 2008 y 2010, en el último gobierno socialista que presidió José Luis Rodríguez Zapatero, y en el que Campo era secretario de Estado.
La doctora Arnáiz Serrano fue miembro de la Comisión que elaboró el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Consejo de Ministros aprobó el 22 de julio de 2011 y al que no se le pudo dar salida debido al adelanto de elecciones que después ganó el PP.
En reconocimiento a aquella labor se le concedió la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Arnáiz Serrano también formó parte de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico como experta en 2011.
Posteriormente, entre 2011 y 2015 trabajó como experta para la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos.
Arnáiz Serrano está reconocida como una de las grandes expertas en cooperación internacional.
En 2016 la Guardia Civil le concedió la Cruz de Plata de la Órden del Mérito de la Guardia Civil por su colaboración en el libro «Estudio de las actuaciones de la policía judicial para el proceso penal», editado por el Centro Universitario de la Guardia Civil.
Desde 2017 y hasta el año pasado, desempeñó el cargo de directora de Innovación en el Consejo General de la Abogacía Española.
Arnáiz Serrano, además de desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la docencia y la investigación jurídica, es autora de tres libros y coautora en diez más, varios de ellos con su maestro, Víctor Moreno Catena, catedrático de derecho procesal en la Carlos III y abogado.
Asimismo, ha participado, como experta, en diez proyectos de investigación, entre ellos el de «Mejora de la capacidad civil de las oficinas de aplicación de la ley», bajo la dirección de José de la Mata; «Estudio sobre la cooperación judicial, la asistencia jurídica mutua y la extradición de los traficantes de drogas y otros delincuentes relacionados con las drogas, entre la UE y sus Estados miembros y los países de América Latina y el Caribe (ALC)», ambos para la Comisión Europea; «Las privaciones de libertad en los procesos por terrorismo»; «Evaluación del Sistema de Defensa de oficio», los dos bajo la dirección de Moreno Catena; o «La prueba en el proceso penal por delincuencia transnacional grave».
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