Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del prófugo Carles Puigdemont y portavoz de JxCAT en la Comisión de Justicia, pidió al ministro de Justicia que se derogara el delito de sedición. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Comisión de Justicia ante la comparecencia de Campo: ¿Cada loco con su tema?
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17/2/2020 20:33
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Actualizado: 18/2/2020 01:11
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El viejo dicho que después popularizó Joan Manuel Serrat, «Cada loco con su tema», sintetiza muy bien lo que fueron las intervenciones de los grupos políticos en la primera comparecencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del prófugo expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convertido en portavoz de JxCAT en la Cámara Baja, pidió al ministro que «no suavice» el delito de sedición en la proyectada reforma del Código Penal. Que lo «derogue», directamente.
El que fuera decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, además afeó al ministro que no hiciera ninguna referencia «conflicto territorial que jamás debió salir de la política y jamás debió ser judicializado».
Y aprovechó el tiempo asignado para hacer un recorrido de la tipificación de la sedición hasta la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de octubre pasado, en la que fueron condenados por este delito 12 líderes independentistas.
Carolina Telechea, la portavoz de ERC, partido que facilitó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, directamente propuso que en las reformas legislativas que se preparan se incluya el consejo autonómico del poder judicial catalán y que se suprimiera la Audiencia Nacional.
Mireia Vehí, del Grupo Mixto, defendió la amnistía para los condenados por sedición.
Según Vehí, el derecho se está entendiendo como «la excepción de la norma» y con una «cultura autoritaria», cuya «metáfora» es el artículo 155 de la Constitución, que se aplicó tras la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia y destituyó al Govern de Puigdemont.
Y opinó que el Código Penal conlleva «represión, exilio y persecución judicial».
Otros de los temas que se han expuesto son los delitos de terrorismo y vulneración de derechos.
Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados en prisión por el ‘caso Alsasua’, es la representante de EH Bildu. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Ha sido la portavoz de EH Bildu, Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados en prisión por el ‘caso Alsasua’, quien ha tocado la próxima reforma del Código Penal, pero para pedir la «derogación o modificación» del artículo 573.1, que regula este tipo de delitos.
Pozueta ha indicado que la reforma de esta norma fue «un cajón desastre para criminalizar la disidencia política», poniendo «en peligro los derechos de expresión, reunión y manifestación pacífica».
Por ello, también ha instado a eliminar la denominada ‘Ley Mordaza’.
Por su parte, el peneuvista Mikel Legarda ha centrado su exposición en las reformas que considera necesarias acometer, ya que coincide con Campo en que el modelo de Justicia actual está «agotado».
En esta línea, ha recordado que anteriormente, la Comisión de Justicia, cuando Campo era el portavoz socialista, creó una subcomisión «para ver la realidad y qué cambios podrían acometerse», por lo que ha querido saber si se recuperará su trabajo.
Legarda también se ha referido a uno de los anuncios que ha hecho el ministro sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que instruyan los fiscales y ha sugerido que ello vaya ligado a la adaptación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para «reforzar la autonomía».
INDULTO O AMNISTÍA ENCUBIERTA
El PP, Ciudadanos y Vox, por su parte, expusieron su posición sobre la reforma del Código Penal en relación a los delitos de sedición y sedición.
Los tres acusaron al Gobierno de querer hacer un «indulto o amnistía encubierta», tal y como dijo el portavoz ‘popular’, Luis Santamaría.
«Sobre sus hombros recae una gran responsabilidad, tiene usted la responsabilidad de salvaguardar el Estado de Derecho», subrayó Santamaría, que ha pedido que sea «lealtad con los valores constitucionales».
La formación naranja ha cuestionado que la reforma del Código Penal pueda llevar aparejado la rebaja del delito de malversación -por el que también fueron condenados los líderes independentista-, pues éste está penado en alguno caso con más de 12 años de prisión.
El portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, le dijo al ministro de Justicia, a propósito de la renovación del CGPJ, que no van a entrar en mercadeos de nombres con este estado de cosas. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
NOMBRAMIENTO DE DELGADO Y RENOVACIÓN DEL CGPJ
Además de la modificación de esta norma se han debatido otros asuntos como los nombramientos.
El PP ha sacado a relucir la elección de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado para ser la próxima fiscal general del Estado y lo ha tildado como «el mayo atentado contra la independencia de la Justicia».
«¿No se da cuenta que la sombra de su trayectoria se va a proyectar sobre todas las actuaciones de la Fiscalía?», ha afirmado Santamaría, que ha recordado que se vio salpicada por el caso Villarejo y de la división del Consejo General del Poder Judicial a la hora de avalar su ideoneidad como máxima representante del Ministerio Público.
Asimismo, el portavoz del PP ha aprovechado también para reiterar al Gobierno la posición de su partido en cuanto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces -que lleva en funciones desde finales de 2018-: «Estará siempre por llegar a acuerdos sin entrar en mercadeo de nombres», ha enfatizado, al tiempo que ha advertido de que si el Ejecutivo «está hipotecados por sus socios, no podrá con nosotros».
PUERTAS GIRATORIAS
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha querido hablar también de las «puertas giratorias» y ha señalado que tres ministros del Gobierno pertenecen a la carrera judicial, como es el caso de Juan Carlos Campo, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa).
A lo que le contestó el ministro que a él, como secretario de Estado, también le afectaba.
Además, ha criticado que el ministro de Justicia tenga plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, pese a que «no haya dictado una sentencia desde el año 2000», mientras que hay muchos jueces que «no tienen ninguna posibilidad de ascender, anclados en los lugares en los que se encuentran».
El portavoz de Ciudadanos se refirió a la regulación de las puertas giratorias. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Por otro lado, el secretario general de Vox y portavoz en la Comisión de Justicia, Javier Ortega Smith-Molina, ha usado parte de su intervención para señalar que las transferencias en prisiones a la Generalitat de Cataluña vulneran el principio de igualdad ante la ley al ver que a los líderes independentistas en prisión tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo «están disfrutando de permisos».
«Otros penados con menor gravedad no tienen ese privilegio», ha agregado.
Asimismo, ha hecho alusión a la Memoria Histórica para ironizar acerca de que parece que es «la memoria de unos pocos es la que debe imponerse a todos» porque «se olvida de mencionar todos los crímenes de nuestra historia», ha dicho incidiendo en la Guerra Civil.
Según Smith-Molina, las transferencias en prisiones a la Generalitat de Cataluña vulneran el principio de igualdad ante la ley. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
SISTEMA «AGOTADO»
Por último, por parte de Unidas Podemos, partido del gobierno de coalición, Jaume Asens, ha destacado que es «una buena noticia» que la cartera de Justicia la asuma un magistrado en excedencia, pues tiene conocimientos en el sector necesarios para su mejora.
Asens ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la percepción de la Justicia en los ciudadanos porque se tiene la imagen de que es «impune para los tiburones y que condena a las sardinas».
También ha hecho una defensa del cambio del sistema de acceso a la carrera judicial, que se expone en el acuerdo de Gobierno del PSOE y Podemos y que ha recogido las críticas de algunos de los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Justicia.
Ha explicado que el actual modelo es «decimonónico basado en la pura oposición memorística», por lo que debe ser similar al de países de nuestro entorno.
Campo contestó a todos en un tono conciliador, en la esperanza de conseguir el ansiado consenso. Una aspiración que, a la vista de lo escuchado, se antoja harto difícil.
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