El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy un gasto de 37,8 millones de euros para garantizar los pagos de justicia gratuita a los abogados durante este año. Esta cantidad se completará, próximamente, con otros 6 millones de euros correspondientes al turno de oficio.
Según ha informado el Ejecutivo regional, los pagos para la asistencia jurídica gratuita se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado
el de Madrid.
Con estos pagos se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales. De esta forma, se garantiza la asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes.
Los presupuestos prorrogados de la Comunidad de Madrid para 2020 contemplan una partida de 49,83 millones de euros para asistencia jurídica gratuita (justicia gratuita más turno de oficio). Del total, 43,88 millones se destinarán a los abogados y 5,95 millones a los procuradores (42,83 millones a justicia gratuita y 7 a turno de oficio).
Los pagos a los procuradores se llevarán a Consejo de Gobierno para su aprobación próximamente. En 2019, a través de estas subvenciones se concedieron cerca de 80.000 ayudas, un 75% más de las solicitudes formuladas en el año 2018.
Agilizar los pagos
La Comunidad de Madrid está trabajando para impulsar la agilización de los pagos. Ya en octubre de 2018 se modificó el Decreto de asistencia jurídica gratuita, para abonar a los abogados y procuradores a mes vencido y el plazo medio de pago es ahora de veinte días naturales.
En la actualidad, abogados y procuradores remiten a la Consejería las certificaciones de gasto relacionadas con la asistencia jurídica gratuita. Previamente a esta certificación formal y con el fin de agilizar al máximo la tramitación del pago, se envía a la Consejería para su revisión una precertificación en la que se detectan posibles errores.
Tras la comprobación de la certificación presentada se elaboran y tramitan los correspondientes documentos contables para que, en última instancia, la Tesorería General de la Comunidad de Madrid pueda proceder a los abonos respectivos.
