Fueron casi 500, muchos de ellos con las togas de sus respectivos colegios, Madrid, Toledo, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Toledo, Albacete, Jaén, incluso de Tenerife. La manifestación comenzó a las 12 de la mañana, frente al Congreso de los Diputados, vigilados por 19 antidisturbios varones y una mujer, que, cruzados de brazos, observaban con tranquilidad a los letrados cabreados cantar sus consignas.
«Somos abogados y estamos cabreados», y su variante, «Somos abogados, no somos esclavos»; «Págame si me designas», «No hay justicia sin defensa», «Congreso escucha, el turno está en la lucha» y eslóganes por el estilo.
Sin olvidar una versión adaptada al Turno de la clásica «Bella Ciao», el himno de la resistencia italiana contra la ocupación nazi, que, megáfono en mano en un clásico ejercicio de «agit prop» (agitación y propaganda), era coreado y seguido por la mayor parte de los animados manifestantes.
A la cabeza de la manifestación, concentrada en torno a Juan Manuel Mayllo, presidente de la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), y a su Junta Directiva, se acercó en su comienzo la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la socialista Isaura Leal Fernández.
«Le dijimos que era necesario hacer una ley que acabe con el actual estado de cosas», explicó Mayllo a Confilegal.
El «actual estado de cosas» es que en territorio Ministerio (las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los órganos centrales -Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional-) no se pagan los servicios del turno de oficio ordenados por los jueces y que no han recibido el beneficio de la Justicia Gratuita; tampoco las defensas de las personas jurídicas -empresas-, lo que no está contemplado en ningún sitio.
El conflicto estalló la pasada primavera cuando el Ministerio hizo público que los abogados del turno habían cobrado por el trabajo como defensas de empresas acusadas en el caso del juicio Gürtel, primera época, que fue juzgado por la Audiencia Nacional y que duró casi un año.
El Ministerio decidió pagar solo lo que era Justicia Gratuita.
El pasado 25 de febrero la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia se comprometieron con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) -institución que engloba a los 83 colegios de abogados de toda España- a abordar con «prontitud» las acciones legislativas para solucionar los problemas del turno de oficio.
Y, específicamente, la Ley reguladora del Derecho de Defensa, que sería probablemente donde residiría el cambio. Un compromiso que también ha asumido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
El problema es que cualquier novedad legislativa lleva su tiempo y los ánimos, entre los miembros del turno de oficio, están muy caldeados, a lo que contribuye los retrasos acumulados en el mencionado territorio Ministerio.
A pesar de que ya se ha anunciado que se abonará en los próximos días lo adeudado en noviembre, no ha contribuido a apaciguarlos.
Las dosis de paciencia del depósito de los miembros del turno de oficio está bajo mínimos.
Además de ALTODO, han participado en la manifestación miembros de la Red de Abogados y Abogadas -con José Muelas y Ángel López-, la Asociación de Abogados del Turno de Oficio, los Colegios de Abogados de Madrid -con la vicedecana Begoña Castro y los diputados Dolores Fernández, Ignacio Monedero y Juan Gonzalo Ospina-; Cáceres -el decano Juan José Gómez Flórez, y el secretario, José Ramón Ramírez-; Badajoz -el decano Ildefonso Seller, el vicedecano, José Antonio Casas, y las diputadas María Vázquez, Inmaculada Badajoz y Ana Ponce Latorre-; Toledo –Pepe Moragón, diputado-; Alcalá de Henares; Guadalajara; Soria, la Asociación de Abogados del Turno de Oficio (ASATO); la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), ALTODO Cataluña y la Asociación de Juristas Europeos Prolege.
También Abogados y Ciudadanos Pro Estado de Derecho (APROED); el Movimiento 24.2; el Ilustre Colegio de Abogados de Soria, la Red Internacional de Abogados (Eureka); la Asociación por la Dignidad de la Abogacía (APRODA) –Manuel Valero-; la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, la Asociación para la Discapacidad en la Abogacía Madrileña (ASODAM) y la Confederación Española de Abogados del Truno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita.
