La Comisión Mixta de la Comunidad de Madrid, compuesta por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía Superior de la misma Comunidad y la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, «sugiere» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se restrinja la actividad judicial en este Comunidad para hacer frente con eficacia a la crisis creada por el coronavirus.
Así se lo ha hecho saber a la Comisión Permanente del (CGPJ), que ha asumido la responsabilidad de la coordinación con el resto de las Administraciones con competencias en materia de Justicia y con las autoridades sanitarias, en el acuerdo tomado por las tres instituciones y que el presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, ha enviado al órgano de gobierno de los jueces.
«Trasladamos al Consejo General del Poder Judicial la sugerencia de adopción de medidas de restricción de la actividad judicial, limitándola a aquellos asuntos y servicios que, por la naturaleza de los derechos en juego, resulten preferentes y urgentes«, dice la misiva enviada al CGPJ.
La Permanente tiene previsto reunirse mañana a las 9 am para abordar la la situación creada por el virus COVID-19.
Por parte de la Sala de Gobierno han estado en esta reunión, además de Rodríguez Padrón, Juan Pedro Quintana, María Aurora d ella Cueva, Juan Pablo González, María Jesús del Barco, Rafael de los Reyes, Eva Estrella, María Fátima Beardo, Teresa Álvarez de Sotomayor, el secretario de Gobierno, José Palazuelos, y el también secretario judicial, Sebastián Lastra.
Por la Fiscalía, el fiscal superior de la Comunidad, Jesús Caballero Klink, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
Y por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, su titular, Enrique López, la viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, y los directores generales, Pedro Irigoyen y Carmen Martín.
UNA SITUACIÓN SINGULAR
En dicho acuerdo, destacan la «singularidad de la expresada situación en esta Comunidad Autónoma, en la que el índice de contagios hasta ahora producidos, unida a la dimensión de la planta judicial, incrementa la necesidad de abordar medidas que contribuyan a paliar las consecuencias que puedan producirse».
Al mismo tiempo, consideran que debe de tratarse de conciliar la protección de la salud con la prestación de la tutela judicial efectiva.
La Comisión Mixta, dice el comunicado, enmarcará «sus decisiones en el ámbito de las directrices que se aprueben por el órgano de gobierno del Poder Judicial en consonancia con las medidas dictadas hasta el momento por las autoridades sanitarias y las que acuerde hoy el Consejo de Ministros en relación con la epidemia de coronavirus».
Y añaden: «Una vez se nos indique el marco de directrices aludido, haremos llegar de inmediato al Consejo, para su consideración y eventual aprobación, las propuestas que resulten oportunas en cada tipo de órganos judiciales y clases de actuaciones, así como en los servicios auxiliares que les sirven de soporte».
«Al propio tiempo, esto implicará la necesidad de adoptar aquellas otras medidas que permitan la conciliación de la prestación de cada servicio con la vida familiar, y definir la dimensión de los recursos humanos que han de asegurar la actividad judicial en la medida que resulte aconsejable», concluyen.
