La respuesta de nuestro gobierno a la crisis del Coronavirus es el ejemplo biopolítico[1] ,más drastico al que nunca nos hemos enfrentado como abogadas y abogados.
Este «estado de alarma», que fácilmente puede derivar en estado de excepción nos tiene que mantener, valga la redundancia, en estado de atención permanente.
Aunque se trata fundamentalmente, en este preciso momento, de una cuestión de responsabilidad social y solidaridad humana, asistimos a una situación que ya está teniendo consecuencias y va a pasar una enorme factura.
La abogacía no se salva.
A nivel público, la falta de inversión en salud pública de las últimas legislaturas ha provocado el colapso de nuestro sistema de atención médica, cuyos daños podrán valorarse una vez hayamos pasado el pico epidemiológico.
A nivel privado, las muertes, los cierres empresariales, los despidos, las cancelaciones e impagos van a provocar gravísimos daños a la población más vulnerable, incluyendo también a la población letrada.
La abogacía independiente, la mas númerosa, no lo tiene nada fácil.
En primer lugar porque le toca aumentar sus actuaciones ante un aumento progresivo de la vulneración de derechos a nivel privado y público.
En segundo lugar porque se tendrá que enfrentar a una situación económica difícil en su ejercicio, sin recibir apoyo público o fiscal específico (suma y sigue, que dirían muchas compañeras con experiencia).
La primera pregunta, entendiendo que el Gobierno y su Ministerio de Justicia no tiene ahora tiempo, como no lo tiene nunca, para entretenerse con las peticiones de la abogacía, sería para la abogacía institucional:
¿Qué planes de contingencia se están elaborando desde el CGAE y los Colegios para apoyar nuestro trabajo en defensa de la ciudadanía?
¿Tiene planes la Mutualidad de la Abogacía para ayudar a las compañeras y compañeros que se vean especialmente afectados?
Como siempre, desde esta columna, la única respuesta que espero desde esa abogacía institucional es el silencio. Me encantaría equivocarme y ver que hacen realmente algo, respondiendo con la urgencia y la importancia que ameritan los acontecimientos.
Mientras tanto, me consta, que desde los despachos, a traves del compañerismo y a nivel individual, se están llevando a cabo muchas actuaciones para ayudar en una situación dramática, dentro de nuestros círculos de influencia.
Precisamente es esa solidaridad y la autoorganización colectiva en tiempos como estos lo que nos ayudará a pasar esta pesadilla.
El pánico «de supervivencia», el “sálvese quien pueda” no es una opción. La respuesta institucional es imprescindible.
——-
[1] La biopolítica, formulada por Foucault, se refiere a la expansión de los poderes del Estado sobre la vida y muerte de su ciudadanía hacia un intento de garantizar su salud (y la productividad). Así, desde las vacunas obligatorias hasta la prohibición de fumar en los espacios públicos, este biopoder estatal se expresa con tintes políticos en todo lo relativo a la vida, su comienzo, su final, así como todo lo relacionado con la salud.
