Está pensado para autónomos, micro empresas y pequeñas empresas de la Justicia y del sector legal, con el fin de ayudar para poder hacer frente a alquileres, gastos y nóminas en estos tiempos difíciles, que tienen su origen en la declaración del estado de alarma por el Gobierno debido a la pandemia del coronavirus.
Se ha dirigido, de forma expresa, a registradores, notarios, procuradores, abogados, graduados sociales y demás profesiones legales –autónomos, micropymes y pymes– que deben responder a sus obligaciones financieras en este marco de paralización económica.
Lo que el Banco Santander ofrece son préstamos –hasta el límite de un millón y medio de euros–, a un tipo fijo de interés del 2,5 por ciento, con un plazo para devolverlo que va de los 2 a los 5 años.
Además, tiene una carencia de un año de capital, un periodo durante el que no se paga capital, y cuenta con la garantía del Estado. No son necesarios, por ellos avales; solo se precisa la garantía personal.
