El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha acordado hoy rechazar y oponerse a que se declare hábil del mes de agosto, ya sea en parte o en su totalidad, porque «lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer, sin duda, una mayor distorsión».
En un comunicado hecho público esta tarde, producto de un Pleno que ha durado mañana y tarde, los 83 decanos que conforman el CGAE, han manifestado y reiterado «públicamente el rechazo y oposición de la Abogacía a las medidas que resultando ineficaces perjudiquen a la buena marcha de la Administración de Justicia y resulten lesivas para el ejercicio del derecho de defensa».
El acuerdo tomado por el CGAE incide, de forma directa, en el borrador de Real Decreto-ley que el Ministerio de Justicia ha preparado para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes.
El titular de la cartera, Juan Carlos Campo, tiene ahora que afrontar un dilema: mantener hábil el mes de agosto, arriesgándose a un enfrentamiento con la Abogacía Española y a la mayoría de los 190.000 abogados ejercientes en toda España, o dejar las cosas como están actualmente; siendo agosto el mes de vacaciones para todos.
EFECTO CONTRAPRODUCENTE
La habilitación del mes de agosto, según el CGAE, «tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc».
«Difícilmente se puede desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y después del mes de agosto».
A cambio, la Abogacía Española propone mantener, como hasta ahora, como inhábil el mes de agosto, concentrando en él las vacaciones de todos los profesionales de la justicia, «salvo las actuaciones urgentes», con el fin de que pueda desarrollarse «la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre».
El CGAE recuerda que cualquier medida que se tome «requiere de la unidad y del consenso de la experiencia compartida» de todos los sectores que trabajan en el área justicia.
Y apela a la colaboración entre las instituciones, en una clara alusión al Ministerio de Justicia «para alcanzar los objetivos comunes de normalización y recuperación de la actividad judicial, en la que la Abogacía viene a desempeñar un papel esencial».
