La Administración de Justicia entrará el próximo martes en la fase 2 de la desescalada prevista para las sedes judiciales, lo que implica contar con entre un 60% y un 70% de la plantilla de manera presencial.
Esta decisión ha sido tomada hoy por la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia.
Esta fase durará al menos 15 días y entre el 60% y el 70% de la plantilla acudirá a los centros de trabajo en turnos de mañana. Los turnos de tarde se habilitarán cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.
El BOE publicará este sábado la orden por la que se activa la fase 2 y los criterios para su implantación.
Durante la reunión de la Comisión, según ha informado Justicia en un comunicado, el ministro Juan Carlos Campo ha recordado que, junto a esta desescalada gradual y progresiva, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales se realizará a partir del 4 de junio.
Precisamente, esta medida ha quedado formalmente aprobada hoy por el Consejo de Ministros tras la autorización dada por el Congreso de los Diputados este miércoles a la prórroga del estado de alarma.
Campo ha explicado que “lo más prudente” era reactivar los plazos en esa fecha y no antes, porque permitirá reanudar la tramitación pendiente en las condiciones previstas para la fase 3, con el 100% de efectivos en los juzgados.
El ministro ha anunciado también que su departamento trabaja ya en el diseño y planificación de planes de choque en los órdenes de lo social, contencioso administrativo y mercantil, los más afectados por el parón de actividad.
La idea de Justicia es identificar desde diferentes parámetros estadísticos dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos para ayudar a la recuperación económica.
El ministro ha llamado a “coordinar y conectar esfuerzos” para el éxito de estos planes específicos de actuación, sobre los que se realizará un seguimiento exhaustivo, para su reedición en 2021.
23 juzgados Covid-19 para finales de año
“Tenemos que demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía”, ha dicho.
El ministro ha pedido a las comunidades autónomas y las administraciones competentes “voluntariedad y generosidad” para articular, también, la puesta en marcha de juzgados que atiendan, de forma temporal, los asuntos derivados de la crisis.
Campo ha avanzado que el planteamiento del Ministerio de Justicia es tener en funcionamiento a finales de año 23 de estos órganos que continuarán su actividad en 2021.
