Los letrados del Registro Civil Central, en Madrid, han acordado el cese inmediato de la actividad tras registrarse un caso positivo de coronavirus entre el personal, por lo que piden la desinfección de las dos sedes de este organismo y pruebas de Covid-19 para todos los empleados.
Según ha informado este miércoles CCOO, la persona que ha dado positivo «tiene contacto permanente y cotidiano con todo el personal» en las dos sedes del Registro Civil Central -en la plaza de Jacinto Benavente y en la calle Montera-, por lo que no se puede «descartar que hubiera podido contagiarse» alguno de los empleados que siguen en activo, que son 55 entre trabajadores de la Administración de Justicia y de vigilancia.
Además del cese de la actividad y la desinfección inmediata, solicitan al Ministerio de Justicia que se realicen pruebas a todo el personal de las dos sedes y que mientras no se hagan «se mantengan en cuarentena de forma preventiva y así comunicarlo a la autoridad sanitaria correspondiente».
CCOO aprovecha para para instar al departamento que dirige Juan Carlos Campo a que «adopte todas las medidas preventivas necesarias para cumplir con la seguridad, como la colocación de todos los puestos de trabajo a dos metros de distancia como mínimo, el uso obligatorio de mascarillas o la instalación de mamparas en todos los puestos de trabajo», subraya el sindicato.
«El Ministerio de Justicia debe poner siempre la salud del personal por encima de todo y, para ello, es requisito imprescindible que proceda, con carácter previo, como viene demandando CCOO insistentemente y sin respuesta por su parte, a la evaluación de todos los puestos de trabajo, a la instauración del turno de tarde de forma voluntaria para ayudar a que haya menor presencia en el mismo turno y a que todas las medidas se cumplan de forma efectiva».
En caso de que no sea así, agrega el sindicato, «hay que paralizar la actividad hasta que hayan resuelto los incumplimientos«.
En su opinión, si no se garantiza la salud de todas las personas que trabajan en la Administración de Justicia, «de nada servirá que se abran los plazos procesales y se pretenda por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial avanzar más rápido, ya que en ese caso el retroceso será mayor».
