«Un instrumento que ayude a crear el espacio de comunicación adecuado en el que la Administración y el ciudadano afectado por un acto o decisión administrativa pueden articular un punto de encuentro que permita construir soluciones de consenso útiles para las dos partes».
Este es el objetivo de la normativa que prepara Justicia en materia de mediación en el ámbito administrativo, según lo que ha explicado este viernes el titular del Ministerio, Juan Carlos Campo, durante su intervención en un foro de mediación organizado por la Cámara de Comercio de Valladolid junto a la Diputación provincial.
“La implantación de las soluciones amistosas de diferencias en el ámbito administrativo implica transformar la relación Administración-ciudadano de una visión unidireccional a bidireccional a través del diálogo y desde la flexibilidad», ha afirmado.
Además, su adopción supone «equilibrar el interés general y el reconocimiento del interés particular y legítimo de los ciudadanos en una Administración integradora y democrática, como reflejo de una buena gobernanza».
El departamento que dirige Campo, según ha informado Justicia en un comunicado, trabaja ya en el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo, un planteamiento que se sumará a lo que ya viene contemplándose en el anteproyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas sobre medios adecuados de solución de litigios para los órdenes jurisdiccionales civil y social.
“La preparación del anteproyecto está siendo un proceso presidido por la colaboración, la participación y el diálogo con los distintos sectores de la justicia, pero también con la sociedad civil. Nuestro objetivo es lograr un instrumento legislativo que sea útil a nuestra sociedad”, ha asegurado el ministro.
Asimismo, ha recordado que este instrumento normativo es uno de los tres ejes del plan Justicia 2030, junto al Real Decreto-ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 y a los planes de reactivación en las distintas jurisdicciones.
«De forma paralela o previa a acudir a los tribunales, vamos a promover una nueva forma de resolver las diferencias de forma amistosa, desde el diálogo y el convencimiento mutuo en la solución alcanzada, trasladando el máximo protagonismo a las partes y evitando costes innecesarios tanto para los intervinientes como para el conjunto de los contribuyentes”, ha señalado.
El ministro también ha destacado el papel imprescindible de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, a quienes ha reclamado su cooperación, para implantar estos mecanismos de conciliación que evitan costes innecesarios y transforman la relación Administración-ciudadanía.
Complejidad de la mediación administrativa
Así todo, ha reconocido que comparte con el Consejo de Estado la complejidad que entraña la mediación administrativa, ya que el principio de libre disposición es mucho más reducido en el ámbito público, siendo consciente de que la Administración tiene limitada la capacidad negociadora, lo que aconseja a futuro una iniciativa normativa diferenciada.
Campo ha destacado la mediación como un «indicador de calidad» en la prestación del servicio público y ha asegurado que comparte el compromiso manifestado también por el CGPJ en su Plan de choque hacia esta nueva forma de tutela a través del diálogo y el acuerdo.
Los mecanismos de solución de controversias, asegura Justicia, son reclamados no solo por el sector Justicia sino también por las empresas, y en ese sentido, ha apuntado que “desde hace muchos años, el mundo empresarial a través de las Cámaras de Comercio, ha promovido la mediación o el arbitraje para resolver de forma consensuada las diferencias en relación con las pymes, los autónomos o las grandes empresas”.
