Los funcionarios de la Administración de Justicia de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial denuncian que la oferta de plazas en el concurso de traslados 2020 es «irrisoria».
A día de hoy, ya se han publicado la mayoría de listados con las plazas que se van a ofrecer en toda España, tanto en territorio Ministerio de Justicia como en aquellas comunidades con las competencias transferidas. Falta su publicación oficial en el BOE. La intención del Ministerio es convocar el concurso a finales de julio.
Un grupo de funcionarios pertenecientes a estos tres cuerpos de la Administración de Justicia han denunciado, a través de un comunicado, que la oferta publicada es «irrisoria» porque la administración «reserva miles de plazas a futuros nuevos funcionarios que todavía no han acabado de examinarse». Esto provoca, afirman, que el concurso este «vacío» y que muchos funcionarios lleven intentado años regresar a sus ciudades.
«Son muchos los funcionarios titulares de justicia que llevan años prestando servicio alejados de su casa, muchos de ellos en Baleares, y que ven imposible volver por la gestión que hace el ministerio con las plazas».
A su juicio, la gestión, tanto de Justicia como de las comunidades autónomas, vulnera la ley porque se está incumpliendo el Real Decreto 1451/2005, 7 diciembre.
Se estaría cometiendo una ilegalidad, explican, al reservar plazas a los más de 7.100 futuros funcionarios de nuevo ingreso, si no han sido «objeto de concurso de traslado previo» entre quienes ya tienen la condición de funcionario, tal y como se recoge y exige el artículo 28.2.
Asimismo, agregan, se estaría vulnerando el artículo 23.2 de la Constitución, que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Plazas vacantes existentes
Frente a estas reivindicaciones, fuentes del Ministerio de Justicia han indicado a Confilegal que en este concurso «se anuncian las plazas vacantes existentes, es decir, aquellas que se han producido por el pase de los funcionarios titulares a las situaciones administrativas de jubilación o excedencia voluntaria, así como por los fallecimientos, y también por aquellas producidas por aumentos de plantilla o creación de nuevos órganos judiciales».
Todo ello, subraya el departamento de Juan Carlos Campo, según lo establecido en el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, según las Bases Marco y según las convocatorias de los concursos.
El propio artículo 28.2 del Real Decreto contempla una excepción en relación a que los puestos sean ofrecidos antes a los que ya tuvieran la condición de funcionario.
«No obstante, si las Administraciones competentes en materia de gestión de recursos humanos no dispusiesen, en sus respectivos ámbitos territoriales, de plazas suficientes para ofertar a los funcionarios de nuevo ingreso, con carácter excepcional y previa negociación sindical, podrán incorporar puestos de trabajo no incluidos previamente en concurso de traslados».
Eso sí, en este último supuesto, el destino adjudicado al funcionario de nuevo ingreso tendrá carácter provisional.
Dicho funcionario deberá tomar parte en el primer concurso de traslados que se convoque en el que se oferten plazas del ámbito territorial en el que se encuentre destinado provisionalmente, garantizándosele el destino definitivo en el ámbito por el que participó en el proceso selectivo, según se recoge en el artículo 28.2. De incumplir esta obligación, se le adjudicará con carácter definitivo cualquiera de las plazas no adjudicadas en todo el territorio nacional.
«Plazas secuestradas»
Sin embargo, para estos funcionarios, las plazas que el Ministerio reserva a los de nuevo ingreso forman parte de las “plazas desiertas”, una clasificación de las plazas que, según ellos, «se está haciendo de manera totalmente ilegal».
Afirman que «el Ministerio considera que si saca una plaza a concurso de traslado y ningún funcionario la solicita, queda marcada como desierta, pudiendo no sacarla nunca más a concurso de traslado, pues ya la ha ofrecido una vez. Todo ello, independientemente de que entren nuevas promociones de funcionarios».
La consecuencia, agregan, es que «estas plazas desiertas quedan ocupadas por interinos durante años, pues no salen a concurso nunca, sin que los nuevos funcionarios tengan la opción de solicitarlas, aunque quieran».
«Tampoco los funcionarios con mayor antigüedad pueden volver a optar por ellas si cambian de circunstancias o parecer. Quedan secuestradas para siempre y solo si la administración lo desea vuelve a ofrecerla, lo cual casi nunca ocurre».
De esta manera, explican, «a lo largo de los años el Ministerio ha ido secuestrando miles de plazas y los funcionarios titulares cada vez van teniendo su derecho a la movilidad más y más restringido hasta tal punto que se están vulnerando no solo el derecho a la movilidad, sino a la conciliación familiar».
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tras la publicación de las plazas para este concurso, aseguró en un comunicado que van a «presionar al Ministerio para que se amplíe la oferta de plazas a concurso, de manera que no queden plazas vacantes sin cubrir».
Asimismo, «vamos a revisar también las plazas ofertadas, incluidas las de la MUGEJU, sobre las que el propio Ministerio advierte que faltan por incluir, con la finalidad de que no se sustraiga ninguna del concurso».
Sobre la fecha de la convocatoria, el sindicato pidió también a Justicia que «agilice al máximo los plazos del concurso y que intente que, pese a la situación vivida a raíz del coronavirus, no se demore su resolución». Algo en lo que también coincide este grupo de funcionarios.
Anuncian acciones de protesta
Ante esta situación, este grupo de gestores, tramitadores y personal de auxilio están dispuestos a recurrir los concursos de traslados del Ministerio y de las comunidades autónomas transferidas «si finalmente las administraciones continúan con la reserva de plazas a futuros nuevos funcionarios de la OEP 2017-18 sin ofrecerlas vía concurso de traslado previamente».
Además, han comenzando a realizar parones a media mañana en las puertas de los juzgados y se están planteando convocar una huelga si las administraciones mantienen esta oferta de plazas.
