Telemáticamente, como se han venido haciendo las cosas desde el 14 de marzo pasado, cuando se declaró el estado de alarma, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hoy ha proclamado –y hecho públicas– las candidaturas que, finalmente, han sido admitidas para la renovación de tres de los miembros de la Comisión de Ética Judicial cuyo mandato ya ha finalizado: Ignacio Sancho Gargallo, en la categoría de Tribunal Supremo, Gonzalo Sancho Cerdá, en la de magistrado, y Teresa García Villanueva, en la de juez.
Los tres nuevos miembros serán elegidos en una votación que se celebrará los próximos 16 y 17 de julio a la que serán convocados los 5.341 miembros de la carrera judicial, por voto directo y secreto.
En las últimas, celebradas en abril de 2018, participaron 1.770 jueces y magistrados, lo que supuso un 32,1 por ciento de todo el censo electoral de entonces.
La contienda se presenta simple, porque tanto en las categorías de magistrado del Tribunal Supremo como en la de juez solo se presenta un candidato.
En la primera, Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Y en la de juez, Francisco Javier Parra Iglesias, destinado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Ayamonte, Huelva.
Solo para la categoría de magistrado va a haber competición.
Porque son 5 candidatos para el puesto en liza: Francisco Javier Pereda Gámez, de la Audiencia Provincial de Barcelona, Jesús Torres Núñez, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Carolina Rius Alarco, de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, María José Rivas Velasco, Juzgado de Primera Instancia de Granada, y Luis Manuel Ugarte Oterino, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo.
Este proceso electoral tuvo que ser suspendido por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Fue reanudada por la Comisión Permanente, en funciones de junta electoral, el pasado 4 de junio, tras levantarse la suspensión decretada sobre los plazos procesales y administrativos.
La Comisión de Ética Judicial tiene la función de emitir dictámenes sobre consultas a casos concretos que hacen las Salas de Gobierno de los Tribunales, las Juntas de Jueces, las asociaciones judiciales o cualquier juez en servicio activo.
De forma excepcional, puede elaborar informes sobre asuntos o cuestiones que resulten de interés general y que estén relacionados con el comportamiento ético que se espera de los miembros de la Carrera Judicial.
Su creación es una consecuencia directa de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa.
