«El mediador ha de conocer el derecho, si es posible que sea letrado mejor y si no que acuda para que cuando se llegue a un acuerdo, y se tenga que redactar, se pueda ejecutar, porque a veces se redactan brindis al sol», afirma la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja.
Esta es una de las ideas que el ICAV le ha trasladado esta semana a la Conselleria de Justicia como propuesta de mejora al proyecto de Reglamento de Mediación de la Generalitat Valenciana.
La decana del ICAV y la diputada responsable del área de Mediación de la Junta de Gobierno, Concepción Cortés, se han reunido con el director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, para compartir sus propuestas de mejora, entre ellas esta apuesta por la presencia de los letrados en las mediaciones.
Borja defiende que en este mecanismo de resolución de conflictos el papel de los letrados es muy importante, pues su presencia garantiza que el resultado de esa mediación «se pueda materializar y ejecutar», remarca.
Recuerda que con la actual ley de mediación cualquier persona en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional superior, con una formación específica en esta materia, puede actuar como mediador.
A su juicio, «la mediación requiere que los mediadores estén muy bien formados, sepan dar muy bien la información y conozcan el ordenamiento jurídico para que los acuerdos alcanzados sean legales».
La mediación en tiempos de Covid-19
La decana del ICAV apunta que este proyecto autonómico llega en un momento especialmente complicado para la Administración de Justicia debido al impacto de la pandemia de Covid-19.
Por eso, aboga por hacer un esfuerzo para promover los mecanismos de justicia alternativa y demostrar que son realmente efectivos. «Creemos que es una alternativa con el colapso judicial que vamos a tener».
Explica que con el director General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia han tratado las mediaciones en general, pero que han hecho especial hincapié en las de materia concursal.
En este ámbito, señala, «tenemos la ley 22/2003 que ya regulaba el expediente denominado acuerdo extrajudicial de pagos». En esta vía, destaca, «es mucho más fácil obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho».
Sin embargo, «lo que está ocurriendo es que los mediadores que deben constar en el registro del Ministerio de Justicia cuando son elegidos por notarios o cámaras de comercio para que medien, esto se da mucho ahora en las personas físicas y en las pymes, renuncian porque no pueden cobrar nada».
Proponen un fondo de garantía
Para hacer frente a esta situación, explica, desde el ICAV han propuesto a la Conselleria «dotar de un fondo de garantía o una partida de subvención para atender los gastos de la mediación, incluyendo no solo la retribución de los mediadores, sino también los gastos notariales e incluso el beneficio de justicia gratuita».
De tal manera, continua, que extrajudicialmente «se resuelva sin entrar en el juzgado y sin colapsar el juzgado, porque la gente esta yendo al juzgado porque no hay nadie que quiera mediar».
«Creemos que la Comunidad Valenciana puede ser pionera en esto y que podemos quitar muchos problemas en los juzgados de lo mercantil».
El ICAV cuenta desde 2012 con el CMICAV, un centro de mediación vinculado al Colegio, con más de 600 mediadores abogados colegiados.
